Por Misión Verdad, Resumen Latinoamericano, 26 de noviembre de 2021.
El Instituto Samuel Robinson (ISR), a través de sus investigadores Franco Vielma y William Serafino, elaboró un análisis del informe preliminar emitido por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOEUE), que se desplegó en el marco de las megaelecciones del domingo 21 de noviembre.
Como se sabe esta misión no fue la única que vino a acompañar el proceso electoral, pues el evento contó con la presencia de 10 misiones en total, constituidas por 300 personas de 55 países. Sin embargo, tanto la mediática corporativa como algunos partidos del antichavismo le dieron mayor relevancia a su presencia, que ya avisaba que actuaría de manera parcializada. Si así no lo hubiera parecido antes de su llegada el informe da pistas para confirmarlo.
Aun cuando la expectativa incubada por los actores mediáticos y políticos interesados en desvirtuar el proceso electoral era que la MOEUE determinara la «legitimidad» o «ilegitimidad» del evento, desde antes de su llegada, su jefa, Isabel Santos, había aclarado que ello escapaba de sus facultades. Sin embargo, eso no impidió que realizara afirmaciones y omisiones que demostraron una intención subyacente o el desconocimiento de la dinámica política y social de Venezuela.
DESCONOCIMIENTO DEL SISTEMA LEGAL Y ELECTORAL VENEZOLANO
Uno de los aspectos que evidenció el presunto desconocimiento por parte de la MOEUE de cómo funciona Venezuela en cuanto a su sistema legal es su abordaje a los procesos de inhabilitación temprana de personas sujetas o próximamente sujetas a interdicción penal, por faltas administrativas para que asuman cargos de elección o por no presentar requisitos de rigor ante la Contraloría.
Vielma y Serafino especifican en el análisis que «estas medidas administrativas procedieron, en la mayoría de los casos, por el no cumplimiento de los inhabilitados a la hora de presentar ante la Contraloría General, de manera oportuna y debida, sus rendiciones de cuenta de patrimonio personal». En ese sentido, prosiguen: «el informe impone una tonalidad de acción selectiva por parte de las instituciones venezolanas que no es tal de acuerdo a hechos comprobados».
El informe de la MOEUE señala negativamente a la Contraloría General de la República
Como es sabido nuestro sistema legal deja claro que el no cumplimiento de los requisitos de ley referidos a «Declaración jurada de bienes» autoriza a la Contraloría General a inhabilitar políticamente a un funcionario, es parte de la lucha contra la corrupción que se ha implementado. No es la primera vez que se critica esta dimensión de la legislación venezolana a la vez que se le acusa de corrupción a través de ONGs y medios de comunicación.
Señalan los investigadores del ISR que lo que en el informe es catalogado de «suspensión de los derechos políticos» no aplica, porque «Las personas que resultaron afectadas por la no admisión de candidaturas por instrucciones de la Contraloría General gozan de los derechos políticos de elegir y participar abiertamente en la vida política, pues solo se vetó la posibilidad de elegirse a cargos públicos, debido al incumplimiento de requisitos de idoneidad ante la institución».
El informe intenta fabricar el relato de que las inhabilitaciones son parte de un patrón selectivo donde no se da cabida a los actores políticos cuando la realidad es que la Contraloría General de la República, instancia del Poder Moral, «no depende de prelaciones como interdicciones penales, o fallos judiciales, para determinar si un aspirante electoral cumple con sus requisitos para habilitarlo como aspirante a cargos públicos».
Otra demostración clara del extravío en cuanto al conocimiento de la institucionalidad venezolana se evidencia cuando afirma que “la falta de independencia judicial y el irrespeto del Estado de Derecho, afectaron desfavorablemente a la igualdad de condiciones y a la imparcialidad y transparencia de las elecciones” en referencia al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Aunque la MOEUE reconoce que el sistema legal y electoral venezolano guarda coherencia con los estándares internacionales señala negativamente al máximo tribunal por la intervención de partidos, previa a la elección. Los investigadores señalan que «no menciona que los partidos políticos sujetos a diatribas judiciales internas, por su inmovilidad y en varios casos por sus dilemas abstencionistas y no abstencionistas, sometían a la democracia venezolana a un espacio adverso, privando a electores de algunas de sus tarjetas y ofertas políticas preferenciales».
LAS OMISIONES DEL INFORME DE LA MOEUE
Quizás lo que no dice el informe, o lo que dice a medias, es lo que más llamó la atención de los investigadores del ISR, un ejemplo lo constituye el hecho de que la MOEUE “no señaló que las disputas internas opositoras fueron cruciales y amenazantes al buen cumplimiento del calendario electoral”. Una oposición dispersa y sin estrategia política clara fue ocultada detrás de la insinuación de la aplicación de patrones arbitrarios por parte del CNE para inscribir candidaturas. Además el informe omite reseñar que no estuvo en manos del ente comicial el hecho de que algunas candidaturas fueran cambiadas, inscritas de manera incompleta y hasta no consultada con los supuestos candidatos.
La médico y modelo Leslie Vegas denunció que el PCV la inscribió sin su consentimiento como candidata a la Gobernación del estado Aragua
Quizás la omisión más notoria del informe fue obviar el hecho de «que muchos candidatos lograron inscribirse luego de que se suprimieran causas judiciales, órdenes de captura e inhabilitaciones políticas por hechos dolosos administrativos y penales».
En otro pasaje del informe se alude a la participación de los partidos políticos en las auditorías del CNE, dejando colar que lo hicieron la «mayoría» de ellas, a lo que Vielma y Serafino apuntan que fue en todas las auditorías y que «ello incluyó a los partidos de las diversas oposiciones al chavismo», lo cual no obvia la opinión favorable del informe en este ítem.
Otra omisión tiene que ver con el monitoreo de medios, la MOEUE identificó tres spots institucionales de educación electoral del CNE cuando la realidad fue que hubo, como en otros procesos, un extenso volumen de material informativo institucional desplegado por el CNE
Además los investigadores describen cómo el informe omitió valorar el proceso de depuración de la data de electores que consistió en un importante proceso de exclusión de personas fallecidas agregando que «ese dato es sumamente relevante en elecciones en cualquier lugar del mundo, particularmente en Latinoamérica».
El informe habla de un «subregistro» de 3,4% en el padrón electoral (o Registro Electoral Permanente, REP) y lo atribuye al factor migración omitiendo aclarar que el mismo es voluntario en Venezuela y que la cifra está influida por la discrecionalidad de cualquier persona en edad de votar, agregan los analistas que «Tampoco puede catalogarse de ‘subregistro’ si un venezolano de 18 años se va del país y no regulariza su situación en donde se establece».
Entre tantas otras está la omisión al hecho de que el día de la elección, el CNE auditó voto a voto, acta a acta, máquina a máquina, el 54% de las mesas, este tipo de auditoría masiva se realiza como un mecanismo de control previo «sin que sea necesaria una impugnación, demanda judicial o reclamo por alguna de las partes».
«COACCIÓN» Y «PRESIÓN»: LA NARRATIVA DEL VENTAJISMO
El chavismo, como sector en el gobierno, pero también como blanco de una estrategia de cambio de régimen, es señalado negativamente a lo largo de varios episodios del informe. La narrativa de ventajismo, incubada en sectores opositores, está llena de tantas imprecisiones como el relato opositor del cual documento elaborado por la MOEUE busca hacerse eco.
El informe justifica datos que afirman una supuesta coacción a votantes, aunque el análisis del ISR sospecha que se refiera a los mecanismos utilizados por el chavismo para desplegar su maquinaria de búsqueda y convocatoria de votantes previamente contactados el día de la elección. Asimismo alegaron un «abuso del voto asistido» y omitieron detallar qué tipo de «irregularidades» se detectaron en este ítem, también actualizaron las quejas ya escuchadas al antichavismo sobre los «puntos rojos» omitiendo referir que estos estaban prohibidos por el CNE.
Otra muestra es la afirmación, sin pruebas o muestra de constatación, de que «en el 23 por ciento de los actos del PSUV se presionó a los ciudadanos para que asistieran, mientras que esto solo se vio en el 2,5 por ciento de los actos de la oposición». En este sentido en el análisis realizado desde el ISR se hace referencia a que «las movilizaciones del chavismo se efectuaron mediante un solo bloque unitario de partidos, entretanto las oposiciones acudieron políticamente dispersas a la elección, y por ende, su convocatoria en actos fue naturalmente menor».
Para no dejar de ser consistentes también omitieron el periodo abstencionista del cual proviene buena parte del antichavismo, lo que hizo menguar el entusiasmo de sus seguidores. Sin embargo, desde el ISR se describe como «peligroso» el señalamiento de la «presión», sobre todo cuando no hay pruebas fehacientes, debido a que solo refuerza el relato de una «dictadura», como narrativa funcional a reales y evidentes mecanismos de presión contra Venezuela.
TEl informe de la MOEUE insinúa como ventajismo el hecho de que candidatos que boicotearon elecciones anteriores, como Tomás Guanipa, aspirante a la Alcaldía de Caracas, no contaron con la presencia del electorado en sus actos de campaña
La valoración negativa de que funcionarios públicos hayan participado durante la campaña se reportó con el objetivo velado de contribuir a la narrativa del ventajismo, sin embargo obvian que «los funcionarios no pierden sus derechos políticos para participar activamente en campañas políticas», apuntan los investigadores.
La MOEUE señala que incluso los opositores usan recursos del Estado desde las instituciones en la que están posicionados para hacer campaña, llegando a afirmar que «se utilizaron las vacunaciones con fines de campaña en tres estados», sin embargo el análisis del ISR se pregunta hasta qué punto se trató de la vacunación como vehículo de campaña, o si se trató de aprovechar la campaña política para promover la vacunación. Esto tomando en cuenta que desde hace algunas semanas el esquema nacional de vacunación, que se llevaba a cabo en centros asistenciales, se realiza en farmacias, centros comerciales, plazas y vías públicas, aprovechando la afluencia y la concentración para abordar a la población.
Respecto a las sanciones contra los funcionarios que infringieran los reglamentos y normas electorales, el informe afirma que el CNE «no sancionó las violaciones a las normas de campaña y el uso de recursos del Estado» sin tomar en cuenta que el proceso electoral requería minimizar situaciones conflictivas, por lo que el CNE aplicó una política de corrección y diálogo para que los amonestados corrigieran las faltas.
El CNE ha sido consistente buscando «mediar y corregir las irregularidades sin promover las sanciones como punta de lanza de su política», pero Vielma y Serafino recuerdan que, tanto el presidente Chávez como el presidente Maduro, fueron sancionados en determinados momentos. Agregan que, en el proceso que la MOEUE reporta «cualquier sanción a candidatos opositores sólo alentaría la deslegitimación de la elección, el abstencionismo y el descrédito político general a las instituciones». Refieren cómo la mediática nacional y globalizada maltrata cualquier sanción buscando deslegitimar al árbitro electoral y a la democracia agregando que «el contexto político precedente puso al CNE a resguardo de las nuevas garantías ofrecidas, por eso medió con amonestaciones y diálogos».
Asimismo el informe califica como desbalanceado el hecho de no haber registrado buena presencia de dirigentes de la MUD Unidad en medios estatales, lo cual es otra evidencia de «desconocimiento» de la realidad política y mediática venezolana. El análisis explica que muchos dirigentes de la MUD no asistieron a medios estatales o vinculados con el chavismo por «razones de discrecionalidad política» para evitar ser señalados de «convivir» y «colaborar» con «la dictadura» por parte de sectores extremos. A esto se suma que prefieren no abordar ciertas audiencias, y focalizar su campaña en otros espacios comunicacionales con alcance entre opositores como la mayoría de los medios en Venezuela, en todos los espectros, que son privados y de tendencia opositora.
Sin embargo, reincidiendo en omitir, la MOEUE hace ver el manejo de medios estatales en una situación desproporcionada en la elección, posiblemente para fabricar una supuesta hegemonía comunicacional del chavismo. Destacan desde el ISR las múltiples denuncias del presidente Maduro sobre la imposibilidad por parte del PSUV de contratar publicidad en redes sociales, alegando el bloqueo e imposibilidad de tratos con las plataformas de redes.
LA GRAN INVISIBILIZADA: LA GUERRA CONTRA VENEZUELA
Otro aspecto controversial subyace en el hecho de que, al mismo estilo narrativo del antichavismo, el informe responsabiliza directamente a la institucionalidad venezolana de las supuestas fallas en torno al proceso electoral obviando el «difícil contexto político del país, hasta hace poco, empujado al preámbulo de un conflicto civil en medio de una alta polarización política combinada con asedio externo y posiciones insurreccionales, muchas de ellas criminales, encabezadas por algunas organizaciones opositoras».
El mecanismo para hacerlo consistió en silenciar cualquier mención respecto al proceso de paz política que se ha llevado a cabo, y cuyo espacio más notorio es el proceso de diálogo desarrollado entre el gobierno constitucional del presidente Maduro y la oposición en México. La MOEUE deja a un lado «las presiones internas y externas, los ciclos insurreccionales de violencia armada, que ha sufrido el país en años recientes» como el intento de golpe de Estado frustrado del 30 de abril de 2019, en el que varios actores del proceso electoral participaron abierta y notoriamente.
Aun cuando la misma UE apoya y promueve las medidas coercitivas y unilaterales que dificultan distintas facetas de la vida nacional, en el informe se hace referencia a la distribución de combustibles, hecho que no solo afecta a los candidatos antichavistas sino que es una crisis «transversal y nacional» a decir de los investigadores del ISR. El deterioro económico nacional fue ampliamente tratado sin nombrar las mencionadas medidas lo que es calificado por Vielma y Serafino como «un blanqueo tácito de la política de presión del bloque europeo».
El informe de la MOEUE se refiere al deterioro económico nacional sin nombrar las medidas coercitivas unilaterales que dificultan distintas facetas de la vida nacional y que la misma UE apoya y promueveCRÉDITOS: Archivo
MÁS CONTRADICCIONES, DESATINOS Y ALGO DE COLONIALISMO
Aun cuando el informe afirma en un pasaje que «los observadores nacionales no manifestaron ninguna limitación en cuanto a la libertad de movimiento o de expresión» en otro reporta que «las observaciones nacionales se ven limitadas en su funcionamiento y despliegue», ante lo cual el análisis detalla que se trata de que sus actividades estén circunscritas al orden regulatorio del CNE, como ocurre en todos los sistemas electorales del mundo.
El informe asegura que la paridad de género y el acceso de las mujeres a la representación política solo «se cumplió parcialmente» aunque reconoce que la inscripción de candidaturas femeninas alcanzó el 49,44%, lo que entra en los márgenes instruidos por el CNE de entre 40% y 50% para garantizar la paridad, sin embargo la MOEUE felicita al partido político Un Nuevo Tiempo antes que reconocer al CNE por reglamentar dicho aspecto y lograr que se cumpla lo reglamentado. Esto hace inocultable su simpatía política, y así lo hace ver el análisis del ISR.
Además el informe alude que «representantes de las personas con discapacidad» criticaron el voto asistido por no garantizar el secreto del voto pero sin hacer referencia directa a organización alguna, es otra versión parcializada y motivada políticamente, que no tiene asidero en hechos constatables.
Lo mismo ocurre con su valoración sobre las elecciones en los pueblos indígenas, a las cuales llama «minorías étnicas». Relaciona negativamente la situación socioeconómica general de la población indígena con el ejercicio del derecho al voto y afirma que la metodología utilizada (elegida por dichos pueblos) carece de «legitimidad y […] compromete el derecho constitucional al voto directo y secreto», aun cuando, al mismo tiempo, se reconoce que dicha elección se corresponde con la cosmogonía de las poblaciones indígenas.
Queda la duda respecto a si la exhibición de desconocimiento del ámbito de aplicación de las leyes nacionales es intencional, más cuando pocas pruebas, pocas cifras contrastables y testigos no fidedignos son lo que respalda muchas de las «apreciaciones negativas, tendenciosas o incompletas» que reporta el informe.
A este respecto el análisis del ISR destaca que la mayoría de las apreciaciones adversas apuntan a situaciones fuera de las urnas y que el informe de la MOEUE «es, en buena medida, pretendidamente ponderado, pero desbalanceado». Lo que sí queda claro es que, aunque Isabel Santos ha dicho que el informe no debe ser instrumentalizado por fines partidistas, ya los carteles mediáticos están haciendo el trabajo de desvirtuar todo el proceso electoral, desde sus principios hasta sus resultados.
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