(RED POR LA DEFENSA DE LA HUMANIDAD) Las elecciones generales del próximo 18 de octubre en Bolivia atraviesan por un momento extremadamente difícil y sensible. Las sistemáticas declaraciones de amenaza y odio que formulan las autoridades del gobierno ilegítimo e ilegal de Jeanine Áñez, quien asumió la presidencia del Estado Plurinacional el 12 de noviembre pasado a través de un golpe de Estado, nos llaman a estar alertas. No hay día en que no esté presente en los voceros del gobierno la convocatoria, abierta y encubierta, al despliegue de la violencia estatal y paramilitar contra los movimientos sociales, la dirigencia y militancia del Movimiento Al Socialismo (MAS) y sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia, Luis Arce y David Choquehuanca, respectivamente.
Son pocos los países de la región donde la proximidad de las elecciones generales está marcada por la amenaza del uso de la fuerza y por la indisimulada presión hacia el Ministerio Público para detener a dirigentes sindicales y políticos. Incluso en países donde se libra una confrontación armada, como Colombia, las fuerzas en combate emiten declaraciones de tregua que son disciplinadamente cumplidas por las partes en circunstancias como éstas. Esto no sucede en Bolivia, donde el Ministro de Gobierno, quien en realidad tiene el poder, se ha dedicado sospechosamente en los últimos días, tras su regreso de una reunión en el Departamento de Estado y con el Secretario General de la OEA, a amedrentar y amenazar a los movimientos sociales y el MAS al indicar que fue a comprar armas a los EE.UU. para “defender la democracia ante cualquier precio” o decir de que se entregará el gobierno al que gane las elecciones generales, “menos al MAS”, lo que ya representa el anuncio adelantado de un nuevo golpe de Estado en caso de que el pueblo salga victorioso en las urnas.
De igual manera preocupa que en las últimas semanas se hayan difundido noticias en periódicos y agencias de información, conocidas por su seriedad en el tratamiento informativo, que dan cuenta de la existencia de planes para desencadenar violencia antes, durante y después de los comicios. Lo que se quiere, según se ha llegado a conocer, es atribuir la autoría de estas acciones violentas al MAS, ya sea para justificar la postergación de las elecciones o pedir la anulación de las mismas, así como para desatar una implacable persecución de los sectores populares. El retorno de la democracia está seriamente amenazado. Es más, cualquier hecho grave que se registre en esta coyuntura electoral, cuya autoría será del gobierno de facto a través de sus fuerzas policiales, militares y paramilitares, será también de total responsabilidad de la OEA, la UE y de los países del llamado “Grupo de Lima”, y de los medios de comunicación hegemónicos que esconden o matizan los grandes abusos que se cometen.
Desde la Red de Intelectuales, Artistas y Activistas Sociales en Defensa de la Humanidad (REDH) emitimos este pronunciamiento para hacer un llamado a las fuerzas democráticas del mundo y en particular de América Latina y el Caribe, para que sigan día a día los sucesos en nuestro país, denuncien las intenciones dictatoriales del gobierno de facto y hagan una convocatoria a que nada interrumpa el regreso de Bolivia a la democracia, que es como aspira la inmensa mayoría de los bolivianos y las bolivianas. Nuestra América, 8 de octubre de 2020
