jueves, 18 de mayo de 2023

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Argentina. La novela del avión venezolano: la Justicia no encontró pruebas contra los tripulantes

Por Raúl Kollmann, Resumen Latinoamericano, 18 de mayo de 2023.

La Cámara Federal de La Plata rechazó la apelación de la DAIA y la Fiscalía y confirmó que no hay evidencias de financiamiento al terrorismo de los tripulantes iraníes y venezolanos. También restituyó el avión. La nave sin embargo, seguirá retenida en Buenos Aires debido a un pedido de EE.UU. El laberinto geopolítico.    


La Cámara Federal de La Plata confirmó la falta de mérito para tres iraníes y dos venezolanos, tripulantes del avión de Emtrasur que aterrizó en Ezeiza el 6 de junio de 2022
. Los magistrados Carlos Vallefin y Roberto Lemos Arias sostienen que no hay evidencia de que los iraníes y venezolanos hayan realizado actividades que, de últimas, sirvieran para financiar al terrorismo. Los camaristas confirmaron la autorización de los tripulantes para irse del país -cosa que ya hicieron en octubre pasado- y en el fallo también restituyen el avión a la empresa venezolana. Ese paso no se concreta porque hay un pedido de la justicia norteamericana para incautar el aparato por una norma del Departamento de Comercio de Washington: los bienes fabricados en Estados Unidos no pueden ser transferidos sin autorización norteamericana y ya se sabe que tanto contra Irán como contra Venezuela rige un embargo. De manera que los camaristas liberan el Jumbo, pero advierten que está el litigio con Washington.

La fiscalía de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, había apelado la decisión del juez Federico Villena de dictar la falta de mérito para iraníes y venezolanos esencialmente en base al hecho de que no hubo ningún delito del qué acusarlos. El Jumbo llegó al país trayendo autopartes de Volkswagen desde México y en las dos inspecciones que se realizaron al 747 no se encontró absolutamente nada. Aún así, la DAIA, en representación de la dirigencia de la comunidad judía, se presentó en el expediente y acusó a la empresa y la tripulación por supuesta complicidad con el terrorismo. Al no haber ninguna prueba, el juez autorizó a los últimos tripulantes, tres iraníes y dos venezolanos, a dejar la Argentina. La fiscal y la DAIA apelaron y ahora la Cámara Federal ratificó lo decidido por el magistrado, beneficiando a Gholamreza Ghasemi, Abdolbaset Mohhammadi, Saied Valizadeh, Víctor Manuel Pérez y Mario José Arraga Urdaneta. 

Los camaristas sostienen, en un fallo de 17 páginas, que los dos iraníes participaron de vuelos entre Teherán y Damasco en los que supuestamente se habrían transportados armas y componentes militares para entregar a la organización libanesa, pro-iraní, Hezbollah. Fue durante la época de los intensos combates entre Hezbollah e Israel. Pero en el texto, se dice que no hay delito en la Argentina. La única posibilidad, menciona el fallo, es que la carga de autopartes haya sido un plan de recaudación de dinero para financiar el terrorismo. En ese marco, Lemos Arias y Vallefín realizaron un análisis de los pagos y transferencias de las distintas sociedades que participaron de los contratos por el vuelo entre México, Caracas y Buenos Aires. La conclusión es que quien más rédito sacó fue una sociedad llamada Zorex USA, que incluso parece haber manejado parte de la operación porque pagó a Axion de Uruguay el combustible -106.000 dólares- que se iba a cargar en Montevideo dada la negativa de las empresas argentinas a proveer de combustible al avión venezolano-iraní. Pero, justamente, el fallo menciona que no hay elementos que acrediten que el vuelo del 747 haya tenido relación con el financiamiento del terrorismo.

El dirigente del partido Miles, Luis D’Elía, dio a conocer el fallo señalando que “la justicia argentina dictó hoy la falta de mérito en favor de los pilotos iraníes, que tuvieron que soportar cinco meses de escarnio público acusados falsamente de terrorismo”. D’Elía -un habitual aliado de Irán- acusó al sionismo internacional de estar detrás de las imputaciones. En realidad, el fallo no absuelve, ordena continuar con la investigación, algo casi imposible transcurrido casi un año del aterrizaje. En 12 meses no se encontró ni una sola evidencia de delito y parece evidente que se trata de un expediente de política y presiones internacionales.

La cuestión pendiente ahora es lo que sucede con el Jumbo en sí mismo. Es una aeronave antigua y que no tiene rentabilidad, salvo para un país como Venezuela que tiene el combustible a un valor insignificante. No obstante, el juez federal de Columbia, Randolph Moss, ordenó el decomiso definitivo del Jumbo por violar la norma del Departamento de Comercio por la que se exige autorización norteamericana para transferir un aparato fabricado en ese país. Como la iraní Mahan Air le vendió el Jumbo a Emtrasur -empresa estatal venezolana- la justicia norteamericana alega que se hizo sin permiso y, por lo tanto, elude además las normas del bloqueo político establecido por las administraciones de Estados Unidos.

El gobierno argentino ya le pidió más aclaraciones al juez Moss y parece evidente que no tomará ninguna determinación. Difícil que se lance a un conflicto con Venezuela y tampoco querrá un choque con Washington. Todo indica que esto quedará para después de diciembreen esencia porque poco tiene que ver con cuestiones judiciales y sólo es parte de los choques políticos mundiales. 

Fuente: Página 12

jueves, 4 de mayo de 2023

 

Honduras. Empresa EE.UU reclama millones al país por no poder operar impunemente en el territorio

Por Marcia Perdomo, Resumen Latinoamericano, 04 de abril de 2023.

Treinta y tres legisladores solicitaron la intervención del secretario de Estado y la representante de Comercio para apoyar la defensa de Honduras ante la demanda ISDS interpuesta por Próspera

Mientras en Honduras las y los congresistas dan largas a la ratificación de la derogación de las reformas y leyes que dieron vida a las ciudades privadas bajo la figura de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), en Estados Unidos 33 legisladores expresaron su preocupación frente a la demanda de Próspera contra Honduras.

Mediante una carta dirigida a la representante de Comercio, Katherine Tai, y el secretario de Estado, Antony Blinken, las y los legisladores demócratas encabezados por la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts y el representante Lloyd Doggett de Texas pidieron la intervención de ambas agencias para poner freno a un campo de juego que beneficia a las grandes corporaciones, a la vez que socava la soberanía de los Estados.

Las y los senadores y representantes remarcaron la disparidad existente en los tribunales de arbitraje privados, los cuales exigen a los gobiernos que paguen millonarias sumas sin que los trabajadores y consumidores tengan la misma apertura

Las y los representantes y senadores apuntan que el sistema de Solución de Controversias Inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) es usado por grandes corporaciones como una arma defectuosa y antidemocrática que bajo la idea de resolver disputas, beneficia sus propios intereses a expensas de los trabajadores, los consumidores y las pequeñas empresas a nivel global.

“Por lo tanto solicitamos que sus agencias investiguen todas y cada una de las opciones a su disposición para eliminar las obligaciones bajo el marco ISDS de los acuerdos comerciales y de inversión existentes”, señala la carta.

La misiva detalla que el mecanismo del ISDS no es necesario para promover inversiones productivas, en cambio sí perjudica los derechos humanos y obstaculiza los esfuerzos para abordar el cambio climático.

En un comunicado de prensa publicado tras la divulgación de la carta de las y los legisladores demócratas, se remarcó la disparidad existente en los ISDS donde las quejas son manejadas “por tribunales de arbitraje privados compuestos por abogados corporativos” quienes exigen a los gobiernos que paguen millonarias sumas sin que los trabajadores y consumidores tengan la misma apertura para presentar quejas y hacer cumplir los compromisos laborales y ambientales en los acuerdos comerciales.

DEMANDA DE PRÓSPERA NO ES UN CASO AISLADO EN AMÉRICA LATINA

Con respecto a la demanda de Próspera contra el Estado de Honduras por aproximadamente US $11 millones, las y los legisladores resaltaron que la misma es el más reciente ejemplo “de la preocupante tendencia del aumento del ISDS en América, tanto en el número de casos como en las elevadísimas demandas”.

Agregando que los gobiernos de América Latina han pagado cerca de 28 mil millones de dólares en indemnizaciones a empresas extranjeras a costa de sus contribuyentes, simplemente por poner en marcha políticas públicas encaminadas a la protección del medio ambiente, acceso a la salud y el bienestar económico de sus comunidades.

En el caso de Próspera contra el Estado de Honduras, señalan que en diciembre de 2022 esta presentó una demanda en virtud del CAFTA-DR ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el cual “obligará al gobierno de Honduras a gastar potencialmente millones de dólares para defenderse por responder a la voluntad de su pueblo y hacer valer su soberanía sobre estas jurisdicciones de gobernanza especial que operan en su territorio”.

En esta conferencia de prensa Prospera anunció que interpondría una demanda contra el Estado de Honduras

Destacan que la millonaria suma que busca Próspera no es el único motivo que genera serias preocupaciones. Apuntan que la derogación de la Ley Orgánica de las ZEDE a través del Congreso Nacional fue una gran victoria para la democracia del país, puesto que estás más allá de atraer inversión extranjera directa dentro de las fronteras de la nación anfitriona, “permitió la creación de zonas de gobernanza privada mucho más extremas que tienen ‘autonomía funcional y administrativas’ del gobierno nacional”.

En la nota de prensa lanzada tras la publicación de la carta explican que “las ZEDE son zonas de gobierno privado cuasi-soberanas donde las empresas pueden operar casi independientemente del gobierno hondureño, estableciendo sus propios códigos fiscales, sistemas judiciales y leyes laborales”.

En la misiva recuerdan que tanto el gobierno como el congreso de los Estados Unidos han reconocido “hasta cierto punto” los problemas con el sistema ISDS, algo en lo que desde ya trabajan de forma bipartidista para reducir significativamente las obligaciones bajo ISDS.

“Le solicitamos que intervenga—a través de una declaración de apoyo, un amicus curiae y cualquier otro medio a su disposición—en apoyar la defensa de Honduras en el caso de la demanda ISDS interpuesta por Prospera, para garantizar que casos tan atroces dejen de perturbar la formulación de políticas democráticas, y trabajar para la eliminación de obligaciones bajo ISDS en acuerdos preexistentes en nuestro hemisferio”, expusieron en la carta.

LA LARGA ESPERA DE UNA RATIFICACIÓN QUE NO LLEGA

Curiosamente, mientras en Estados Unidos las y los legisladores señalan la inequidad al interior del sistema de Solución de Controversias Inversionista-Estado, en Honduras a un año de la derogación de las ZEDE, su ratificación sigue a la espera.

Jimena García Merino

El medio Criterio.hn consultó con la fundadora de Honduras Resurge, Jimena García Merino, el porqué el tema de la ratificación de las ZEDE no parece prosperar en el Congreso Nacional de Honduras, y ella vislumbra que estos temas de interés pueden ser utilizados por las y los políticos como moneda de cambio, utilizando los votos en favor o en contra para obtener beneficios propios.

García Merino sostuvo que un diputado le compartió que la bancada del Partido Nacional ofrece los votos para la ratificación de la derogación de las ZEDE siempre y cuando se les proporcione inmunidad, entre otras negociaciones. 

“Lamentablemente la función legislativa sigue en la balanza tendiendo más a los intereses particulares, que al bien común y al respeto de nuestra soberanía”, deploró.

En Honduras, diputadas y diputados de la bancada del Partido Nacional podrían estar utilizando la ratificación de la derogación de las ZEDE como una moneda de cambio para obtener inmunidad, entre otros beneficios propios, dice fundadora de Honduras Resurge.

A la vez que expuso que a más de tres semanas en la agenda el tema de la ratificación de la derogación de las ZEDE, “las y los diputados deben estar conscientes que el pueblo los está observando y que habrá un duro voto de castigo para quienes no ratifiquen la derogación”.

Fuente: Criterio