Assange está encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en el sureste de Londres, desde que el gobierno ecuatoriano lo entregó a las autoridades británicas en abril de 2019. Foto: EFE/ Archivo.
“Hace cincuenta años, cuando di a luz por primera vez como madre joven, pensé que no podía haber dolor más grande, pero pronto lo olvidé cuando sostuve a mi hermoso bebé en mis brazos. Lo llamé Julian”. La madre del periodista y fundador de WikiLeaks Julian Assange, Christine Ann, hizo pública este miércoles una carta dirigida al mundo.
“Hay un dolor más grande. El dolor incesante de ser la madre de un periodista galardonado, que tuvo el valor de publicar la verdad sobre los crímenes gubernamentales de alto nivel y la corrupción”, escribió.
“El dolor de ver a mi hijo, que intentó publicar verdades importantes, manchado a nivel mundial.
“El dolor de ver a mi hijo, que arriesgó su vida para denunciar la injusticia, inculpado y privado del derecho a un juicio justo, una y otra vez.
“El dolor de ver a un hijo sano deteriorarse lentamente, porque se le negó la atención médica y sanitaria adecuada en años y años de prisión.
“La angustia de ver a mi hijo sometido a crueles torturas psicológicas, en un intento de romper su inmenso espíritu”, recoge la carta.
El 10 de diciembre pasado, los jueces del Tribunal Superior de Londres dieron marcha atrás a la decisión de una magistrada de primera instancia que en enero pasado bloqueó la extradición, por considerar que Assange podría suicidarse si era encarcelado en Estados Unidos.
Al explicar su veredicto, el juez Timothy Holroyde dijo que se sentía satisfecho con la promesa hecha por los fiscales norteamericanos de que el fundador de WikiLeaks no sería encerrado en una cárcel de máxima seguridad ni sometido a medidas extremas de aislamiento.
La madre de Assange escribe en su texto: “La constante pesadilla de que sea extraditado a los Estados Unidos y luego pasar el resto de sus días enterrado vivo en total aislamiento. El miedo constante de que la CIA pueda cumplir sus planes para asesinarlo.
Añade que “muchas personas quedaron traumatizadas al ver una superpotencia vengativa que usa sus recursos ilimitados para intimidar y destruir a un individuo indefenso” y agradece a “todos los ciudadanos decentes y solidarios que protestan globalmente contra la brutal persecución política que sufrió Julian”.
“Por favor, sigan levantando la voz a sus políticos hasta que sea lo único que oirán. Su vida está en sus manos”, concluye el texto.
Assange está encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en el sureste de Londres, desde que el gobierno ecuatoriano lo entregó a las autoridades británicas en abril de 2019.
Sentenciado a 50 semanas de cárcel por violar una fianza impuesta en 2012, la justicia británica decidió mantenerlo en prisión hasta que concluya el proceso de extradición iniciado por Washington, que quiere juzgarlo por revelar crímenes de guerra cometidos por militares norteamericanos en Iraq y Afganistán, y miles de cables con secretos de la diplomacia norteamericana.
De ser extraditado a Estados Unidos, Assange podría ser condenado a un total de 175 años de cárcel, a partir de los 17 cargos de violación de la ley de espionaje norteamericana que se le imputan.
La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos
Sociales en Defensa de la Humanidad, Capítulo Venezuela:
-REITERA sus felicitaciones a los pueblos
latinoamericanos y caribeños por su participación en las elecciones que
condujeron a los triunfos de las fuerzas progresistas en los procesos
electorales de México, Bolivia, Honduras, Perú, Nicaragua, Venezuela y Chile
-DESTACA que en los casos de Bolivia, Honduras y
Chile, dichos triunfos tienen particular importancia porque ocurren después de
masivas protestas populares duramente
reprimidas, convocadas contra gobiernos surgidos como prolongaciones o epílogos
de dictaduras surgidas de golpes de Estado apoyados y legitimados por Estados
Unidos, que violaron masivamente los Derechos Humanos a fin de aplicar
despiadadas políticas neoliberales
-SEÑALA el amplio margen de 55,9% obtenido por los
partidos y movimientos que apoyan a Gabriel Boric, contra el 44,1% obtenido por
quienes apoyan al conservador José Antonio Kast
-ESPERA que este triunfo impulse las deliberaciones
tendientes a dotar a Chile de una nueva Constitución cuyas normativas sepulten
definitivamente los vestigios económicos,
sociales e institucionales impuestos por décadas de dictadura, y que inspire la
acción de las fuerzas sociales cuya tarea es lograr que Chile deje de ser uno
de los países más desiguales de América Latina y el Caribe y por consiguiente
del mundo.
CONSULTE EL BLOG DE LA RED EN DEFENSA DE LAHUMANIDAD, CAPÍTULO VENEZUELA: https://redhvenezuela.blogspot.com/
Chile: amanecer con esperanza Juan J. Paz-y-Miño Cepeda
En las elecciones presidenciales de segunda vuelta efectuadas ayer (19/12/21) en Chile, no solo confrontaron dos candidatos: el izquierdista Gabriel Boric y el ultraderechista José Antonio Kast, sino, evidentemente, dos modelos de economía y de sociedad. Se trata de un proceso de polarización que igualmente caracteriza el presente histórico entre los países latinoamericanos.
Hasta último momento (el viernes 17 se realizó el debate entre los dos candidatos) y como era de esperarse, Kast defendió el neoliberalismo y afirmó: "Fuimos un modelo para el mundo y tenemos que recuperar eso”. Solo que, como siempre ocurre entre quienes exaltan ese “modelo”, se deja a un lado la historia oculta y los resultados sociales a los que condujo.
El punto de partida del neoliberalismo chileno fue la dictadura militar-terrorista de Augusto Pinochet (1973-1990), que también fue ejemplo para las dictaduras del Cono Sur implantadas en la década de 1970. Inspirada en los conceptos de la “seguridad nacional” y el anticomunismo de la guerra fría, el derrocamiento de Salvador Allende (1970-1973) fue acompañado con la prisión de miles de ciudadanos identificados como izquierdistas y comunistas, campos de concentración, ejecuciones, torturas permanentes, desaparición de personas, asesinatos y, además, represión a todo movimiento social, aniquilamiento de cualquier oposición, destrucción de la democracia, imposición de una nueva institucionalidad de Estado y creación de un sistema al servicio de la empresa privada, con particular privilegio de una elite social, sustentada en la acumulación de riqueza y la amplia explotación a la fuerza de trabajo. Hasta 1989 se experimentó un permanente deterioro de las condiciones de vida y trabajo.
La transición a la democracia, vigilada por los militares y asentada en la Constitución de 1980 preparada por la dictadura, se levantó sobre esas herencias. Aunque entre 1990 y 2021 se han sucedido siete presidentes, hubo unas 50 reformas constitucionales y en 2015 la presidenta Michelle Bachelet anunció un proceso constituyente, ningún gobierno desmontó el neoliberalismo ni se dictó otra Constitución. La idea del “milagro” chileno surgió por el exitoso crecimiento del PIB durante esta época democrática, acompañado por una sustantiva reducción de la pobreza y la ampliación de la clase media, que era, en definitiva, la recuperación de lo perdido durante el pinochetismo. Este espejismo logró esconder otras realidades históricas: la liquidación de los servicios públicos; las reducciones de gastos en educación, salud y vivienda; la privatización de bienes, empresas y servicios estatales (incluyendo las fuentes de agua); el estrangulamiento a los derechos laborales y particularmente la sindicalización y la huelga; la liquidación del sistema de seguridad social para dar paso al lucrativo negocio de las administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP) basadas en la capitalización individual; la implantación del sistema de salud privada y también el de educación privada.
El sustento se mantuvo en las rentas mineras (cobre) y la alta tasa de explotación de la fuerza de trabajo, en tanto ha resultado amplio el crecimiento del capital extranjero y nacional, con una aguda concentración de la riqueza y el aperturismo indiscriminado con más de una veintena de tratados de libre comercio. Chile pasó a ser un país de grupos económicos, con millonarios y elites sociales endogámicas y dominantes, bajo una cultura del privilegio. Bastaría leer el Informe de la Fundación Sol titulado “Los Verdaderos Sueldos de Chile” (2020), para advertir que más de la mitad de la población tiene sueldos bajos y algunos de mera supervivencia, así como las pensiones por jubilación son miserables (https://bit.ly/3yADvYe). Y otro informe de la misma Fundación: “La pobreza del ¨modelo¨ chileno” (2018), revela que la pobreza alcanza prácticamente a 3 de cada 10 chilenos (https://bit.ly/3F5GuKJ). Es uno de los países más inequitativos del mundo, comparable con Brasil o Ecuador.
Chile fue un referente en Ecuador desde la época de Pinochet. Las elites ricas y empresariales repetían en privado “necesitamos un Pinochet” y se volcaron a apoyar a León Febres Cordero (1984-1988), primer presidente empresario y millonario, quien fue promovido por el Partido Social Cristiano y el pomposo “Frente de Reconstrucción Nacional”, que se proponían superar el “desastre” dejado por los gobiernos de Jaime Roldós y particularmente del democristiano Osvaldo Hurtado (ambos atacados de “comunistas”). El gobierno febrescorderista representaba a quienes no roban, saben hacer la riqueza, generar trabajo y dirigir empresas. Así lo repetían sus partidarios. El neoliberalismo en camino requirió de autoritarismo y represión. Sobre ello ha quedado un Informe de la Comisión de la Verdad (integrada por Julio César Trujillo), que destacó las violaciones a los derechos humanos (https://bit.ly/3e4Mo2Q). También O. Hurtado dejó el testimonio de aquellos años en su libro La dictadura civil (1988). Sin embargo, la continuidad del “modelo” empresarial-neoliberal se profundizó con los gobiernos sucedidos hasta 2006. Prácticamente en dos décadas y media las condiciones sociales solo se deterioraron, mientras lucraron de la acumulación de riqueza las elites concentradoras del capital, en medio de una millonaria corrupción privada inédita en la historia nacional, como se evidenció en la “sucretización” de deudas, los “salvatajes” bancarios, el feriado de 1999, la dolarización de 2000, los negociados con bonos, certificados y paraísos fiscales o las privatizaciones de bienes y servicios estatales, entre los casos más sonados. Entre 1996 y 2006 la institucionalidad democrática igualmente se desestabilizó (7 gobiernos, 1 dictadura, 3 presidentes derrocados). Siguió una década identificada con el progresismo latinoamericano; pero desde 2017 el gobierno de Lenín Moreno debió desmantelar los avances logrados y utilizar el control del Estado para perseguir y proscribir toda fuerza progresista, social y de nueva izquierda, a fin de revivir el modelo reivindicado por los grandes grupos económicos del país y dejar sentadas así las bases para la articulación del bloque de poder que une a derechas económicas y políticas en la hegemonía estatal actualmente vigente en Ecuador.
Como suele ocurrir en la historia, más tarde o más temprano, los pueblos adquieren conciencia de su situación y se lanzan a lo imposible. Por eso, desde 1990 son distintos los momentos de reacción social contra las herencias del pinochetismo en Chile y esa acumulación de fuerzas se hizo sentir, con particular agudeza, en octubre de 2019. Gracias a ello se abrió el proceso constituyente que pondrá fin a la Constitución de 1980, a pesar de todos los obstáculos levantados en el camino. Y la esperanza para un cambio de rumbos se ha concentrado en las elecciones presidenciales, porque, frente al “modelo” que representa Kast, el candidato Boric ha logrado representar a esas fuerzas de clases medias, trabajadores y sectores populares que anhelan derrumbar el régimen neoliberal tan nefasto para su vida y su trabajo.
Boric ofreció una economía social de bienestar e incluso sostuvo que conviene levantar un sistema como el que caracteriza a los países europeos. Su propuesta coincide con el tipo de economías sociales que comenzaron a establecer los gobiernos del primer ciclo progresista en América Latina durante los cinco lustros iniciales del siglo XXI, y que han tratado de levantar los del segundo ciclo, tras la arremetida neoliberal que siguió al primero. De modo que el triunfo de Boric puede provocar el giro que el pueblo chileno anhela en contra del modelo neoliberal que se volvió insostenible. Y, de otra parte, alienta las perspectivas que existen en América Latina para derrotar al férreo bloque de poder que han sabido construir las clases ricas, los altos empresarios, los medios de comunicación dominantes y las derechas económicas y políticas. En Ecuador es un triunfo que descoloca los sueños e ideales de quienes querían encontrar en Kast el ejemplo de los nuevos tiempos.
Comunicado 19-2021: recoger firmas en contra la extradición de Julian Assange
De: Secretaría Operativa Internacional
Para: todas las organizaciones antiimperialistas del mundo
Estimados/as compañeros/as,
Les pedimos todo apoyo para recoger firmas de organizaciones y figuras públicas a esta declaración en contra de la extradición de Julian Assange y en defensa de su libertad. Envíe las informaciones (nombre y país) para secretaria@asambleadelospueblos.org hasta 13 de diciembre de 2021.
El texto de la declaración:
Desde la Asamblea Internacional de los Pueblos rechazamos rotundamente la decisión del Tribunal de Apelación de Londres de habilitar la extradición del periodista Julián Assange a los Estados
Unidos.
El fallo es un atentado contra la libertad de prensa, el derecho a la información y los derechos humanos básicos y marca un precedente preocupante. Sabemos que la extradición de Assange es una consecuencia directa de su trabajo clave de revelar los crímenes del imperialismo estadounidense y sus aliados en lugares como Afganistán, Iraq y Libia. Assange es un preso político del imperialismo de los EE.UU. y sin el trabajo de él y de su organización, Wikileaks, sabríamos mucho menos sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por Estados Unidos.
De ser extraditado, Assange tendrá que ir a juicio por 18 cargos que podría implicar una pena de hasta 175 años de cárcel.
En este sentido, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, alzamos nuestras voces para exigir: ¡No a la extradición! ¡Libertad inmediata para Julián Assange!
Basta ya ocultar la verdad sobre los crímenes del imperialismo estadounidense y sus aliados.
#FreeAssange #FreeAssangeNOW
viernes, 10 de diciembre de 2021
Honduras. Gilberto Ríos, del Partido Libre: «Con el gobierno de Xiomara esperamos volver a todas las formas de integración latinoamericana posibles»
Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 3 de diciembre de 2021.
En Resumen Latinoamericano nos vamos a comunicar con Honduras para hablar de lo que ha sido este triunfo que con una muy holgada diferencia obtuvo Xiomara Castro. Xiomara viene trabajando por esta victoria desde hace mucho tiempo y ha sido una de las figuras fundamentales de la resistencia en Honduras desde que derrocaron a su esposo Manuel Zelaya. Ahora, ha obtenido una victoria contra un candidato de derecha que es el actual alcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura. Para hablar de todo esto, vamos a comunicarnos con Gilberto Ríos, integrante del Partido Libre y de ALBA Movimientos, Gilberto Ríos.
-Gilberto, felicitaciones para tí y al pueblo hondureño por este triunfo.
-Muy contento de su comunicación, saludo a todos los compañeros y compañeras de toda la lucha de América Latina. Decirles que estamos muy alegres por el triunfo de Xiomara, después de una batalla de 12 años. Ahora vienen nuevos desafíos de los que quiero que hablemos hoy, y de la situación en la que estamos recibiendo el país, que es bastante catastrófica. Pero sí, hay una gran alegría popular por el triunfo de Xiomara.
-Quisiera que hagas una síntesis, para aquellos que no la conocen, sobre quién es Xiomara Castro y cuál ha sido su lucha en estos 12 años?
-Xiomara fue la primera dama desde 2006, pero ella desistió del cargo como figura decorativa, y asumió la responsabilidad de la Red Solidaria. La red fue un proceso que se hizo en conjunto con la ONU y otras instituciones internacionales donde se focalizó la pobreza y la extrema pobreza en el país, Había un mapa como de atención inmediata, en donde había fondos de transferencias condicionadas, es decir, ellos recibían una transferencia condicionada, que era básicamente un sistema de asistencia social muy efectiva. Logramos en ese gobierno la reducción de la pobreza, y la extrema pobreza, de manera significativa, sobre todo en el segundo y tercer año. Las cifras macroeconómicas del presidente Manuel Zelaya son significativas y todos sus funcionarios fueron muy diligentes. Incluso, se inventó el método de depuración, pero el trabajo de Xiomara siempre tuvo una constante y fue un trabajo sacrificado, porque iba desde visitar comunidades, estar presente en ellas, atender los problemas de la gente. Cuando comenzó ahora la campaña de Xiomara y le pidieron que enseñara algunas fotos de los trabajos de la red Solidaria, ella dijo: “yo nunca me tomé una foto entregando una ayuda a una familia, nunca consideré que eso iba a ser parte de mi labor política”. Es decir, de todo el trabajo de Xiomara, que es conocido por muchas mujeres y familias a nivel nacional, de los sectores más pobres, no se hizo propaganda de eso porque era un trabajo honesto, consistente en atender la necesidad de pobreza en país. Luego de todo eso, cuando se da el golpe de estado, ella se resguarda una semana en una embajada y enseguida sale y se incorpora al Frente Nacional de Resistencia Popular. Era el Frente contra el golpe de estado, y desde allí acompañó las marchas, tragó gas lacrimógeno como todos nosotros, producto de la represión, y fue humillada por la policía nacional, por el ejército, al no permitirle el tránsito sobre el territorio nacional. A pesar de ello, mantuvo una posición de firmeza todo ese tiempo, era una lideresa popular entre las masas que se rebelaban todos los días en las calles. Luego, cuando fue nuestra primera candidata, cuando creamos, un año y medio después del golpe, el Partido Libre y en un año ganamos las elecciones con Xiomara a la cabeza, la verdad fue extraordinario el trabajo que se hizo durante esa campaña y la cantidad de apoyo popular que recibimos. Luego se impuso el fraude electoral en 2017, allí Xiomara también iba a ser candidata pero cedió su candidatura a Salvador Nasrala, para acercar incluso a los sectores de centroderecha a cambiar la situación de la dictadura. Se hizo un nuevo fraude, incluso más descomunal, sobre la alianza que había ganado por más de 10 puntos. Xiomara dijo que «si me lanzo no voy a ceder más”, y a fín de cuentas un mes antes de terminar las elecciones se unieron todas las fuerzas de oposición del país, gracias a su liderazgo y tenacidad. Es una mujer extraordinaria, ha sido presidenta de COPAL Mujeres, y administradora de los bienes de su familia. No es una persona improvisada, es una persona que estudió administración de empresas, es decir, tiene una capacidad grande. Conoce el Estado y conoce la necesidad del pueblo.
-También hay que destacar la lucha inquebrantable e inclaudicable del pueblo hondureño, porque se dice rápido pero aquí se han puesto muchos muertos, se puso mucha gente herida, torturadas, golpeada, encarcelada, periodistas asesinados. Estos 12 años han sido de una dictadura muy dura, una dictadura fraudulenta porque tiene una cara democrática entre comillas, pero siempre ha apelado a las fuerzas militares para herir al pueblo.
-Sí, ha sido muy cruel, ha perseguido a los líderes de la oposición, ha exiliado a mucha gente, han habido asesinatos políticos entre los que se encuentran casos como el de Berta Caseres, que es sumamente significativo en la lucha de nuestros pueblos indígenas en contra del extractivismo y de todas las batallas eternas de los pueblos originarios, que siempre han sido marginados y atacados en Honduras. Tenemos desparecidos de las comunidades garífunas en nuestro país que hace más de un año que fueron desaparecidos y las autoridades no publican ninguna investigación. Tenemos gente mártir en 12 años, más de 89 comunicadores y periodistas asesinados a lo largo de 10 años. La represión fue sumamente fuerte contra la comunicación y la libre expresión, contra casi todas las libertadas. Hoy te pueden tocar de 6 a 8 años en la cárcel, por temas de oposición menores, hay una persecución permanente contra el magisterio organizado y otros gremios. He dicho que una de las necesidades más importantes del gobierno de Xiomara es fortalecer el partido, en todo su estructura, para soportar el gobierno, pero también para soportar el movimiento social, el movimiento popular. Recuerdo que cuando íbamos a fundar el partido tuve una reunión privada con el comandante Daniel Ortega y nos dijo que era un paso correcto la fundación de un partido, que eso era muy positivo, pero que no descuidaremos la fuerza popular, el poder popular, porque en Honduras, a diferencia del resto de Centroamérica, los trabajadores habían ganado muchas de las conquistas de nuestro país, gracias a la sindicalización y gracias a la fuerza del movimiento popular. En Honduras hay una tradición muy importante, con la huelga de 1954 sobre todo, de las huelgas de los trabajadores de las empresas bananeras, y de ahí salen muchas de las conquistas que hoy tenemos, o que teníamos, porque muchas las erradicó la dictadura en 12 años, como por ejemplo la ley del empleo por hora que simplemente niega toda forma de derecho laboral, de antigüedad, derechos sociales. Toda esa reflexión que ha habido entre la sindicalización y los sectores organizados no va a frenar al gobierno de Xiomara y eso también va a fortalecer a la larga la gestión del gobierno de reconciliación que vamos a formar.
Gilberto Ríos, del Partido Libre
-Hablabas de los desafíos, aquí me imagino que habrá mucho para depurar, tanto en la policía como las fuerzas militares porque han jugado un papel represor en todo este tiempo.
-Sí, están comprometidos con el tráfico de drogas, el crimen organizado y con otro tipo de delitos, pero son sectores de la policía y el ejército los que han mantenido mucha cercanía con el poder dentro de esas instituciones. Nosotros tenemos información, porque hay mucha gente que apoya al Partido Libertad y Refundación también, a pesar de su espíritu de cuerpo no acompañan la locura a la que llegó este gobierno. Ha habido disidencias al interior del ejército e incluso tres golpes al interior de la policía a lo largo de estos 12 años. Son huelgas en las que se conocieron cosas muy serias. Entonces, esos cuerpos nos son homogéneos, hay criterios dispares allí. Recientemente tuve una comunicación con una compañera de la Universidad de Periodismo que le tocó hacer una nota de la escuela de los militares en el país, la Escuela de Defensa se llama, allí hay civiles tomando clases y haciendo cursos, y hubo un momento donde se decía que tuvieron que frenar la formación policial porque se habían formado muchos profesionales honestos que habían entrado en contradicción directamente con sus dirigentes y superiores, porque es muy clara la vinculación de la policía con el narcotráfico y el crimen organizado por ejemplo. Se han impedido el desarrollo de esas instituciones, y nosotros tenemos la obligación de profesionalizarlas, y al momento ha habido mucha buena actitud frente al gobierno de Xiomara Castro, ya hay acuerdo de que se va a respetar la transición.
-Llamó la atención leer esta semana una comunicación del gobierno norteamericano diciendo que felicitaba a Xiomara. Digo esto, en función de cuánto ha pesado y pesa el gobierno norteamericano a través de su embajada en Honduras.
-Eso tiene dos explicaciones: la primera es el tema geopolítico, en qué situación se encuentra Estados Unidos en este momento, manteniendo espacios a nivel internacional a nivel de la hegemonía comercial, etc. Lo que conocemos como la base capitalista norteamericana. Eso ha llevado a que haya una disputa en Centroamérica, y en parte con Latinoamérica, con las relaciones comerciales con China. Xiomara prometió relaciones con China, y eso hace que la embajada de Estados Unidos reaccionara de manera diferente y creo que la gestión de Biden será diferente a la de Hilary o la de Trump, que soportaron bastante a este gobierno. Creo que en parte tiene que ver también con que han priorizado en la Casa Blanca la migración, en sentido de que este es uno de los cinco temas más importantes de la Casa Blanca en la reelección de Biden. Y si no controlaba la estabilidad política en Centroamérica, simplemente se complicaban más los éxodos masivos a Estados Unidos. Ellos hablaron con el ejército y la policía que también tienen injerencia en estas instituciones y en el ministerio público. Un ministerio público completamente comprometido con el narcotráfico del país, al igual que la Corte Suprema de justicia que está en el mismo nivel de la gran mafia que controla el estado de Honduras, que es el hampa del narcotráfico. Hablaron con todos ellos y le dijeron que no permitirían el fraude y neutralizaron la posibilidad de hacerlo porque están interesados en que se normalice un poco la cosa en Honduras y deshacerse de ese aliado incómodo que es el narcotráfico, como ellos mismo lo han nombrado, cuando metieron preso a su hermano como un mensaje bien claro, lo sentenciaron a cadena perpetua más 30 años por traficar más de 250 toneladas de cocaína a Estado Unidos. No son cargos menores. Al parecer esta empresa del actual presidente Hernández, del tráfico de cocaína comenzó, según informes de la ADEA, desde el año 2004. Estamos enfrentando poderes extranacionales del narcotráfico que mueven decenas de miles de millones de dólares, que están incluso por encima de los presupuestos de nuestros estados. Entonces, es bastante desigual la lucha con este tema. Pero no hay nada que un estado bien organizado o un partido fuerte y consciente no pueda vencer y en eso vamos a apostar nosotros en el gobierno de Xiomara.
-¿Es imaginable que el gobierno de Xiomara vuelva a ser parte del ALBA-TCP ?
-Ha sido una pregunta frecuente Carlos, y te quiero responder contundentemente: no ha habido elecciones en el resto de América Latina, o conflictos internos, o agresiones del imperialismo que el partido no haya denunciado oportunamente. Somos disciplinados con los trabajos de denuncia del Foro de San Pablo, el presidente Zelaya mantiene comunicaciones con todos los liderazgos latinoamericanos, mantiene todas las citas que le sean posibles a nivel internacional. Como coordinador de partido no ha delegado a nadie esa función, él personalmente ha sido beligerante en este tema internacional. Muy contundente, siempre ha apoyado a la revolución cubana, a Nicaragua y Venezuela, no ha habido distanciamiento en ese sentido. Esperamos volver a todas las formas de integración latinoamericana posibles y crear otras más, completarlas o lo que sea, o alimentarlas, como decía el comandante Chávez, nos vamos a sumar, porque creemos en la necesidad de la integración. Eso está en el estatuto del partido también.
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Llamamiento de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad
La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad llama a una gran movilización internacional para defender, con más decisión que nunca, los derechos humanos y su universalidad. Ahora que, como consecuencia de las incongruencias del capitalismo, la humanidad enfrenta regresiones históricas, que han llegado incluso a poner en jaque la misma dignidad humana, urge restablecer esta última como la substancia medular de los derechos humanos.
Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, consagrados en los art. 22 al 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, están a punto de desvanecerse por el tendencial incremento de las desigualdades, que resulta de la aguda concentración de la riqueza en pocas manos y corporaciones. Tan sólo en el 2020 unos 95 millones de personas adicionales cayeron en la extrema pobreza; mientras los 255 millones de personas arrojadas al desempleo, mayoritariamente mujeres, no serán recontratadas, a la vez que, están en curso severas reducciones salariales y de derechos laborales.
La pandemia del Covid 19, develó no sólo que en este sistema la vida tiene un precio, sino que el mismo derecho a la salud ha sido reducido a una suerte de franquicia de las corporaciones farmacéuticas. Con excepción de Cuba y otros pocos países, que organizan su sistema de salud e investigación científica en función de la colectividad y las personas, la salud pública ha sido transferida al mercado. Incluso, la necro política ha llegado a suplantar a los derechos sociales, como sucede en Brasil, donde más de medio millón de personas han muerto por la deliberada desatención pública.
Con la intensificación de la privatización de la cultura, la educación y la comunicación, los derechos culturales aparecen como un privilegio y no un derecho indivisible. Peor aún, una monumental maquinaria transnacional de la alienación relega a la mayoría de personas a la contaminación cultural, semántica y estética, estimulada por el consumo de ‘productos culturales’ en su mayoría nocivos, violentos y sexistas.
En este contexto la REDH hace un llamado a:
Defender los derechos humanos y colocar la vida y la dignidad en el centro de las sociedades y no los intereses del capital. La integralidad de los derechos humanos es contraria al neocolonialismo geopolítico, geoeconómico, cultural o comunicacional.
Defender el derecho de los pueblos a su autodeterminación. Repudiar la injerencia, con su maquinaria belicista, que produce destrozos, escaseces, zozobra cotidiana y vulnera los derechos humanos de pueblos enteros. Es el caso de los países afectados por sanciones, medidas unilaterales y bloqueos, tales como los que Estados Unidos infringe a Cuba y Venezuela, que son ilegales y deben cesar.
Defender el derecho humano a la cultura, a la creatividad, a la libertad de pensar y producir pensamiento propio, que son derechos universales. En ejercicio de los derechos culturales y a la comunicación, deben ser respetadas las soberanías digital, comunicacional y del conocimiento de todos los pueblos y personas, a la vez, la comunicación debe enmarcarse en principios humanistas, eliminando las prácticas mercantilistas, cada vez más centradas en la venta de informaciones falsas e ideologizadas.
Promover los derechos humanos, cuyo alcance de carácter universal atañe a todas las personas y no sólo a quienes tienen poder y recursos. Urge establecer la integralidad de los derechos humanos, en tiempos en los que son cada vez más manipulados, tergiversados y hasta mercantilizados. Desvalorizan la ética de los derechos humanos, galardones, tales como el que la Unión Europea, obviando el asesinato de más de 600 defensores/as de los derechos humanos en 2020, ofrece al Presidente de Colombia, Iván Duque, o la nominación al Premio Sájarov a la libertad de conciencia, conferida por esa misma entidad a la ex dictadora Janine Añez, que tiene a su activo masacres como las de Senkata y Sacaba, perpetradas con el golpe de Estado que asestó en Bolivia.
Restablecer la ética de los derechos humanos reparando su sentido humanista, con ideales de justicia y dignidad de las personas. El abuso de los preceptos de los derechos humanos por parte de entidades privadas elitistas -tales como la Pen International o Human Rights Watch- que los usan para tergiversar realidades como la de Cuba, devalúan esos derechos, toda vez que se sustentan en ideas preconcebidas sobre un país único en la realización de los derechos integrales, entre ellos los derechos culturales. El cumplimiento excepcional del derecho a la cultura, la diversidad de pensamiento y la creatividad que Cuba cumple, está plasmado en su prodigiosa producción artística y cultural, presente en escenarios, publicaciones, producciones estéticas y más, reconocidos en todas partes del mundo.
La REDH saluda a los países, pueblos, movimientos populares y sociales, defensorxs de los derechos humanos, artistas, intelectuales y entidades que defienden la dignidad colectiva e individual, a la vez que reitera su llamado a defender los derechos humanos, la dignidad humana y la soberanía, ahora más que nunca.
Indignante porque va en contra de pronunciamientos de prácticamente todos los organismos de derechos humanos del mundo, incluyendo los de Naciones Unidas, en contra de las demandas de sindicatos y asociaciones de periodistas en cinco continentes, de defensores de la libertad de expresión, de políticos e intelectuales democráticos de todo el arco político.
Assange está privado de su libertad desde hace casi una década por haber publicado en su sitio de filtraciones, WikiLeaks, información secreta y comprometedora de las fuerzas armadas y del Departamento de Estado estadounidense, incluyendo evidencias de crímenes de guerra y mentiras diplomáticas de la superpotencia de Occidente.
El fallo a favor de su extradición, que revierte la orden de no extraditar dictada en primera instancia, prolonga su calvario. No significa que sea enviado a Estados Unidos en lo inmediato y cuesta creer que ése sea el deseo de la administración demócrata de Joe Biden. En Estados Unidos Assange enfrentaría un juicio en el que la fiscalía debería demostrar que, no solo robó información en vez de recibirla y publicarla, sino que lo hizo sin la complicidad de los grandes medios que lo acompañaron en la publicación simultánea de sus revelaciones, como el mismísimo y venerado New York Times. O sea, un papelón público para un país que se vanagloria de su Primera Enmienda constitucional que en teoría garantiza la libertad de expresión.
Pero a Assange tampoco le conviene someterse a semejante circo en el norte de Virginia, cuna de la CIA y el FBI, en un país donde legisladores y funcionarios han declarado públicamente que merece la pena de muerte o directamente ser asesinado por lo que publicó. El fallo de la cámara británica será apelado e irá a la Corte Suprema y de ahí muy probablemente a la Corte Europea de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo. Pasarán los meses y tal vez los años, cambiarán los gobernantes y las circunstancias políticas y Assange seguirá pudriéndose en su calabozo de máxima seguridad, sometido a los juegos psicológicos del Pentágono con la aparente colaboración del sistema judicial británico, que te extradito, no te extradito, sí te extradito, hasta morir o volverse loco. Ese parece ser el futuro que le espera, a menos que el mundo reaccione y obligue a sus carceleros a hacer lo correcto.
Además de indignante el fallo es doloroso porque detrás de esta historia está la persona. Un ser humano con aciertos y errores, que tiene una linda familia y un grupo de amigos incondicionales. Un hombre curioso e interesado en lo que pasa en el mundo, que siguió con interés y solidaridad el proceso latinoamericano antineoliberal de principios de siglo y que fue generoso con su tiempo y disposición con muchos políticos, intelectuales, activistas y periodistas, incluyendo a quien esto escribe. Doloroso para millones de personas en todo el mundo que admiran su trabajo y temen que su suerte está atada al futuro de la democracia y la verdadera libertad de expresión, esa que permite revelar verdades incómodas. Un fallo doloroso porque en su valentía para enfrentar las peores adversidades sin claudicar un centímetro en sus valores e ideales, Julian Assange supo hacerse querer. 10 de diciembre de 2021
-FELICITA a todos los participantes
en el proceso que acudieron a depositar su voto para elegir democráticamente,
según sus diversos criterios y preferencias, a sus gobernadores, concejales y
miembros de Asambleas Legislativas
-RECONOCE la exigente tarea cumplida
para esta Megaelección, la 29° consulta
electoral en 22 años de bolivarianismo,
por el personal del Consejo Nacional Electoral, los veedores internacionales
convocados para presenciarla, los testigos y personal administrativo de cada
mesa, y los cuerpos de seguridad destacados para evitar perturbaciones durante
la manifestación de
voluntad del pueblo.
-REPRUEBA declaraciones de
representantes de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia
y España, tendientes a tachar procedimientos legítimos aplicados tanto en la
campaña electoral como en la Megaelección, o a desconocer los resultados
obtenidos comprobados y ratificados mediante los métodos electorales
informatizados más modernos, sometidos en todos los casos a una verificación
exhaustiva de la mitad de los votos depositados, y en caso de duda, a una
verificación total.
-SEÑALA que el rechazo de Estados
Unidos y sus incondicionales a reconocer los resultados se debe a que con ello
intenta excusar el masivo latrocinio de activos públicos de Venezuela situados
en el exterior y la intensiva aplicación de agresiones o medidas coercitivas
que constituyen crímenes de lesa humanidad por estar encaminadas a causar
dolor, sufrimiento y carencias a una población no combatiente.
-DENUNCIA que la posición del
Reino Unido intenta asimismo excusar el latrocinio cometido por el Bank of
London contra reservas venezolanas en oro
depositadas en dicha institución, así como otras medidas de despojo y
agresión en detrimento de los venezolanos.
-INDICA que, debido a diversos
acuerdos, entre ellos los Tratados contra la Doble Tributación, las empresas y
los ciudadanos de países que hoy desconocen a las autoridades legítimas
venezolanas y por tanto al pueblo que las eligió, gozan en Venezuela de
inconstitucionales privilegios de exención de impuestos, regímenes que son actualmente
condenados por la Organización Mundial del Comercio, y que bien podría el
gobierno venezolano, en aplicación de estricta reciprocidad, declarar írritos
tales acuerdos e ingresar los tributos que están obligados a cancelar.
-REITERA que el artículo 1 de la
Carta de la Organización de Naciones Unidas establece que ningún Estado puede
intervenir en los asuntos internos de otros Estados, que por tanto, las declaraciones de otros gobiernos y
organizaciones tendientes a deslegitimar, desautorizar o cuestionar tanto las
elecciones de Venezuela como sus resultados son contrarias al orden
internacional, e invita a dichos países a ocuparse de sus graves problemas
internos en lugar de intentar imponer de manera arbitraria, prepotente e
ilegítima su voluntad a otros miembros
de la comunidad internacional.
Por Misión Verdad, Resumen Latinoamericano, 26 de noviembre de 2021.
El Instituto Samuel Robinson (ISR), a través de sus investigadores Franco Vielma y William Serafino, elaboró un análisis del informe preliminar emitido por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOEUE), que se desplegó en el marco de las megaelecciones del domingo 21 de noviembre.
Como se sabe esta misión no fue la única que vino a acompañar el proceso electoral, pues el evento contó con la presencia de 10 misiones en total, constituidas por 300 personas de 55 países. Sin embargo, tanto la mediática corporativa como algunos partidos del antichavismo le dieron mayor relevancia a su presencia, que ya avisaba que actuaría de manera parcializada. Si así no lo hubiera parecido antes de su llegada el informe da pistas para confirmarlo.
Aun cuando la expectativa incubada por los actores mediáticos y políticos interesados en desvirtuar el proceso electoral era que la MOEUE determinara la «legitimidad» o «ilegitimidad» del evento, desde antes de su llegada, su jefa, Isabel Santos, había aclarado que ello escapaba de sus facultades. Sin embargo, eso no impidió que realizara afirmaciones y omisiones que demostraron una intención subyacente o el desconocimiento de la dinámica política y social de Venezuela.
DESCONOCIMIENTO DEL SISTEMA LEGAL Y ELECTORAL VENEZOLANO
Uno de los aspectos que evidenció el presunto desconocimiento por parte de la MOEUE de cómo funciona Venezuela en cuanto a su sistema legal es su abordaje a los procesos de inhabilitación temprana de personas sujetas o próximamente sujetas a interdicción penal, por faltas administrativas para que asuman cargos de elección o por no presentar requisitos de rigor ante la Contraloría.
Vielma y Serafino especifican en el análisis que «estas medidas administrativas procedieron, en la mayoría de los casos, por el no cumplimiento de los inhabilitados a la hora de presentar ante la Contraloría General, de manera oportuna y debida, sus rendiciones de cuenta de patrimonio personal». En ese sentido, prosiguen: «el informe impone una tonalidad de acción selectiva por parte de las instituciones venezolanas que no es tal de acuerdo a hechos comprobados».
El informe de la MOEUE señala negativamente a la Contraloría General de la República
Como es sabido nuestro sistema legal deja claro que el no cumplimiento de los requisitos de ley referidos a «Declaración jurada de bienes» autoriza a la Contraloría General a inhabilitar políticamente a un funcionario, es parte de la lucha contra la corrupción que se ha implementado. No es la primera vez que se critica esta dimensión de la legislación venezolana a la vez que se le acusa de corrupción a través de ONGs y medios de comunicación.
Señalan los investigadores del ISR que lo que en el informe es catalogado de «suspensión de los derechos políticos» no aplica, porque «Las personas que resultaron afectadas por la no admisión de candidaturas por instrucciones de la Contraloría General gozan de los derechos políticos de elegir y participar abiertamente en la vida política, pues solo se vetó la posibilidad de elegirse a cargos públicos, debido al incumplimiento de requisitos de idoneidad ante la institución».
El informe intenta fabricar el relato de que las inhabilitaciones son parte de un patrón selectivo donde no se da cabida a los actores políticos cuando la realidad es que la Contraloría General de la República, instancia del Poder Moral, «no depende de prelaciones como interdicciones penales, o fallos judiciales, para determinar si un aspirante electoral cumple con sus requisitos para habilitarlo como aspirante a cargos públicos».
Otra demostración clara del extravío en cuanto al conocimiento de la institucionalidad venezolana se evidencia cuando afirma que “la falta de independencia judicial y el irrespeto del Estado de Derecho, afectaron desfavorablemente a la igualdad de condiciones y a la imparcialidad y transparencia de las elecciones” en referencia al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Aunque la MOEUE reconoce que el sistema legal y electoral venezolano guarda coherencia con los estándares internacionales señala negativamente al máximo tribunal por la intervención de partidos, previa a la elección. Los investigadores señalan que «no menciona que los partidos políticos sujetos a diatribas judiciales internas, por su inmovilidad y en varios casos por sus dilemas abstencionistas y no abstencionistas, sometían a la democracia venezolana a un espacio adverso, privando a electores de algunas de sus tarjetas y ofertas políticas preferenciales».
LAS OMISIONES DEL INFORME DE LA MOEUE
Quizás lo que no dice el informe, o lo que dice a medias, es lo que más llamó la atención de los investigadores del ISR, un ejemplo lo constituye el hecho de que la MOEUE “no señaló que las disputas internas opositoras fueron cruciales y amenazantes al buen cumplimiento del calendario electoral”. Una oposición dispersa y sin estrategia política clara fue ocultada detrás de la insinuación de la aplicación de patrones arbitrarios por parte del CNE para inscribir candidaturas. Además el informe omite reseñar que no estuvo en manos del ente comicial el hecho de que algunas candidaturas fueran cambiadas, inscritas de manera incompleta y hasta no consultada con los supuestos candidatos.
La médico y modelo Leslie Vegas denunció que el PCV la inscribió sin su consentimiento como candidata a la Gobernación del estado Aragua
Quizás la omisión más notoria del informe fue obviar el hecho de «que muchos candidatos lograron inscribirse luego de que se suprimieran causas judiciales, órdenes de captura e inhabilitaciones políticas por hechos dolosos administrativos y penales».
En otro pasaje del informe se alude a la participación de los partidos políticos en las auditorías del CNE, dejando colar que lo hicieron la «mayoría» de ellas, a lo que Vielma y Serafino apuntan que fue en todas las auditorías y que «ello incluyó a los partidos de las diversas oposiciones al chavismo», lo cual no obvia la opinión favorable del informe en este ítem.
Otra omisión tiene que ver con el monitoreo de medios, la MOEUE identificó tres spots institucionales de educación electoral del CNE cuando la realidad fue que hubo, como en otros procesos, un extenso volumen de material informativo institucional desplegado por el CNE
Además los investigadores describen cómo el informe omitió valorar el proceso de depuración de la data de electores que consistió en un importante proceso de exclusión de personas fallecidas agregando que «ese dato es sumamente relevante en elecciones en cualquier lugar del mundo, particularmente en Latinoamérica».
El informe habla de un «subregistro» de 3,4% en el padrón electoral (o Registro Electoral Permanente, REP) y lo atribuye al factor migración omitiendo aclarar que el mismo es voluntario en Venezuela y que la cifra está influida por la discrecionalidad de cualquier persona en edad de votar, agregan los analistas que «Tampoco puede catalogarse de ‘subregistro’ si un venezolano de 18 años se va del país y no regulariza su situación en donde se establece».
Entre tantas otras está la omisión al hecho de que el día de la elección, el CNE auditó voto a voto, acta a acta, máquina a máquina, el 54% de las mesas, este tipo de auditoría masiva se realiza como un mecanismo de control previo «sin que sea necesaria una impugnación, demanda judicial o reclamo por alguna de las partes».
«COACCIÓN» Y «PRESIÓN»: LA NARRATIVA DEL VENTAJISMO
El chavismo, como sector en el gobierno, pero también como blanco de una estrategia de cambio de régimen, es señalado negativamente a lo largo de varios episodios del informe. La narrativa de ventajismo, incubada en sectores opositores, está llena de tantas imprecisiones como el relato opositor del cual documento elaborado por la MOEUE busca hacerse eco.
El informe justifica datos que afirman una supuesta coacción a votantes, aunque el análisis del ISR sospecha que se refiera a los mecanismos utilizados por el chavismo para desplegar su maquinaria de búsqueda y convocatoria de votantes previamente contactados el día de la elección. Asimismo alegaron un «abuso del voto asistido» y omitieron detallar qué tipo de «irregularidades» se detectaron en este ítem, también actualizaron las quejas ya escuchadas al antichavismo sobre los «puntos rojos» omitiendo referir que estos estaban prohibidos por el CNE.
Otra muestra es la afirmación, sin pruebas o muestra de constatación, de que «en el 23 por ciento de los actos del PSUV se presionó a los ciudadanos para que asistieran, mientras que esto solo se vio en el 2,5 por ciento de los actos de la oposición». En este sentido en el análisis realizado desde el ISR se hace referencia a que «las movilizaciones del chavismo se efectuaron mediante un solo bloque unitario de partidos, entretanto las oposiciones acudieron políticamente dispersas a la elección, y por ende, su convocatoria en actos fue naturalmente menor».
Para no dejar de ser consistentes también omitieron el periodo abstencionista del cual proviene buena parte del antichavismo, lo que hizo menguar el entusiasmo de sus seguidores. Sin embargo, desde el ISR se describe como «peligroso» el señalamiento de la «presión», sobre todo cuando no hay pruebas fehacientes, debido a que solo refuerza el relato de una «dictadura», como narrativa funcional a reales y evidentes mecanismos de presión contra Venezuela.
TEl informe de la MOEUE insinúa como ventajismo el hecho de que candidatos que boicotearon elecciones anteriores, como Tomás Guanipa, aspirante a la Alcaldía de Caracas, no contaron con la presencia del electorado en sus actos de campaña
La valoración negativa de que funcionarios públicos hayan participado durante la campaña se reportó con el objetivo velado de contribuir a la narrativa del ventajismo, sin embargo obvian que «los funcionarios no pierden sus derechos políticos para participar activamente en campañas políticas», apuntan los investigadores.
La MOEUE señala que incluso los opositores usan recursos del Estado desde las instituciones en la que están posicionados para hacer campaña, llegando a afirmar que «se utilizaron las vacunaciones con fines de campaña en tres estados», sin embargo el análisis del ISR se pregunta hasta qué punto se trató de la vacunación como vehículo de campaña, o si se trató de aprovechar la campaña política para promover la vacunación. Esto tomando en cuenta que desde hace algunas semanas el esquema nacional de vacunación, que se llevaba a cabo en centros asistenciales, se realiza en farmacias, centros comerciales, plazas y vías públicas, aprovechando la afluencia y la concentración para abordar a la población.
Respecto a las sanciones contra los funcionarios que infringieran los reglamentos y normas electorales, el informe afirma que el CNE «no sancionó las violaciones a las normas de campaña y el uso de recursos del Estado» sin tomar en cuenta que el proceso electoral requería minimizar situaciones conflictivas, por lo que el CNE aplicó una política de corrección y diálogo para que los amonestados corrigieran las faltas.
El CNE ha sido consistente buscando «mediar y corregir las irregularidades sin promover las sanciones como punta de lanza de su política», pero Vielma y Serafino recuerdan que, tanto el presidente Chávez como el presidente Maduro, fueron sancionados en determinados momentos. Agregan que, en el proceso que la MOEUE reporta «cualquier sanción a candidatos opositores sólo alentaría la deslegitimación de la elección, el abstencionismo y el descrédito político general a las instituciones». Refieren cómo la mediática nacional y globalizada maltrata cualquier sanción buscando deslegitimar al árbitro electoral y a la democracia agregando que «el contexto político precedente puso al CNE a resguardo de las nuevas garantías ofrecidas, por eso medió con amonestaciones y diálogos».
Asimismo el informe califica como desbalanceado el hecho de no haber registrado buena presencia de dirigentes de la MUD Unidad en medios estatales, lo cual es otra evidencia de «desconocimiento» de la realidad política y mediática venezolana. El análisis explica que muchos dirigentes de la MUD no asistieron a medios estatales o vinculados con el chavismo por «razones de discrecionalidad política» para evitar ser señalados de «convivir» y «colaborar» con «la dictadura» por parte de sectores extremos. A esto se suma que prefieren no abordar ciertas audiencias, y focalizar su campaña en otros espacios comunicacionales con alcance entre opositores como la mayoría de los medios en Venezuela, en todos los espectros, que son privados y de tendencia opositora.
Sin embargo, reincidiendo en omitir, la MOEUE hace ver el manejo de medios estatales en una situación desproporcionada en la elección, posiblemente para fabricar una supuesta hegemonía comunicacional del chavismo. Destacan desde el ISR las múltiples denuncias del presidente Maduro sobre la imposibilidad por parte del PSUV de contratar publicidad en redes sociales, alegando el bloqueo e imposibilidad de tratos con las plataformas de redes.
LA GRAN INVISIBILIZADA: LA GUERRA CONTRA VENEZUELA
Otro aspecto controversial subyace en el hecho de que, al mismo estilo narrativo del antichavismo, el informe responsabiliza directamente a la institucionalidad venezolana de las supuestas fallas en torno al proceso electoral obviando el «difícil contexto político del país, hasta hace poco, empujado al preámbulo de un conflicto civil en medio de una alta polarización política combinada con asedio externo y posiciones insurreccionales, muchas de ellas criminales, encabezadas por algunas organizaciones opositoras».
El mecanismo para hacerlo consistió en silenciar cualquier mención respecto al proceso de paz política que se ha llevado a cabo, y cuyo espacio más notorio es el proceso de diálogo desarrollado entre el gobierno constitucional del presidente Maduro y la oposición en México. La MOEUE deja a un lado «las presiones internas y externas, los ciclos insurreccionales de violencia armada, que ha sufrido el país en años recientes» como el intento de golpe de Estado frustrado del 30 de abril de 2019, en el que varios actores del proceso electoral participaron abierta y notoriamente.
Aun cuando la misma UE apoya y promueve las medidas coercitivas y unilaterales que dificultan distintas facetas de la vida nacional, en el informe se hace referencia a la distribución de combustibles, hecho que no solo afecta a los candidatos antichavistas sino que es una crisis «transversal y nacional» a decir de los investigadores del ISR. El deterioro económico nacional fue ampliamente tratado sin nombrar las mencionadas medidas lo que es calificado por Vielma y Serafino como «un blanqueo tácito de la política de presión del bloque europeo».
El informe de la MOEUE se refiere al deterioro económico nacional sin nombrar las medidas coercitivas unilaterales que dificultan distintas facetas de la vida nacional y que la misma UE apoya y promueveCRÉDITOS: Archivo
MÁS CONTRADICCIONES,DESATINOS Y ALGO DE COLONIALISMO
Aun cuando el informe afirma en un pasaje que «los observadores nacionales no manifestaron ninguna limitación en cuanto a la libertad de movimiento o de expresión» en otro reporta que «las observaciones nacionales se ven limitadas en su funcionamiento y despliegue», ante lo cual el análisis detalla que se trata de que sus actividades estén circunscritas al orden regulatorio del CNE, como ocurre en todos los sistemas electorales del mundo.
El informe asegura que la paridad de género y el acceso de las mujeres a la representación política solo «se cumplió parcialmente» aunque reconoce que la inscripción de candidaturas femeninas alcanzó el 49,44%, lo que entra en los márgenes instruidos por el CNE de entre 40% y 50% para garantizar la paridad, sin embargo la MOEUE felicita al partido político Un Nuevo Tiempo antes que reconocer al CNE por reglamentar dicho aspecto y lograr que se cumpla lo reglamentado. Esto hace inocultable su simpatía política, y así lo hace ver el análisis del ISR.
Además el informe alude que «representantes de las personas con discapacidad» criticaron el voto asistido por no garantizar el secreto del voto pero sin hacer referencia directa a organización alguna, es otra versión parcializada y motivada políticamente, que no tiene asidero en hechos constatables.
Lo mismo ocurre con su valoración sobre las elecciones en los pueblos indígenas, a las cuales llama «minorías étnicas». Relaciona negativamente la situación socioeconómica general de la población indígena con el ejercicio del derecho al voto y afirma que la metodología utilizada (elegida por dichos pueblos) carece de «legitimidad y […] compromete el derecho constitucional al voto directo y secreto», aun cuando, al mismo tiempo, se reconoce que dicha elección se corresponde con la cosmogonía de las poblaciones indígenas.
Queda la duda respecto a si la exhibición de desconocimiento del ámbito de aplicación de las leyes nacionales es intencional, más cuando pocas pruebas, pocas cifras contrastables y testigos no fidedignos son lo que respalda muchas de las «apreciaciones negativas, tendenciosas o incompletas» que reporta el informe.
A este respecto el análisis del ISR destaca que la mayoría de las apreciaciones adversas apuntan a situaciones fuera de las urnas y que el informe de la MOEUE «es, en buena medida, pretendidamente ponderado, pero desbalanceado». Lo que sí queda claro es que, aunque Isabel Santos ha dicho que el informe no debe ser instrumentalizado por fines partidistas, ya los carteles mediáticos están haciendo el trabajo de desvirtuar todo el proceso electoral, desde sus principios hasta sus resultados.
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