embajador
Samuel Moncada durante sesión virtual del Consejo de Seguridad de la ONU
Discurso del embajador Samuel Moncada durante
sesión virtual del Consejo de Seguridad de la ONU para discutir la incursión
mercenaria en Venezuela
20/05/2020.
Señor Presidente,
Le agradezco la convocatoria de esta reunión
para discutir los últimos acontecimientos en Venezuela, especialmente los que
ocurrieron el pasado 03 de mayo, así como la inminente amenaza de un ataque
armado, en un inminente quebrantamiento de la paz en mi país y de toda la
región si la agresión continúa.
Señor Presidente,
Al firmar la Carta de las Naciones Unidas todos
nos comprometimos a “tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar
amenazas a la paz, suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la
paz y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la
justicia y el derecho internacional, la solución de controversias o situaciones
internacionales que puedan conducir a quebrantamientos de la paz”. Hoy en día,
esta disposición ha sido violada, con impunidad, y con pleno desprecio de la
Carta.
En una carta dirigida al Consejo de Seguridad,
de fecha 13 de mayo de 2020, demostramos al mundo las agresiones armadas contra
mi país, las cuales, según pruebas públicas e irrefutables compartidas en ese
momento, demostraron que los gobiernos de los Estados Unidos de América y de la
República de Colombia facilitaron la planificación, el entrenamiento, la
financiación y, aún hoy, están protegiendo a grupos de mercenarios y
terroristas, que ejecutaron un ataque armado con el objetivo de perpetrar 1)
asesinatos indiscriminados de población civil inocente; 2) asesinatos
selectivos contra altos funcionarios de mi gobierno; y 3) el asesinato del
presidente Nicolás Maduro.
Esto es una evidente violación de la Carta de
las Naciones Unidas, del derecho internacional y de múltiples resoluciones de
este Consejo de Seguridad, que son legalmente vinculantes para todos los
Estados Miembros. Los gobiernos de Colombia y de los Estados Unidos de América
infringieron sus obligaciones pertinentes en virtud del derecho internacional,
en particular las previstas en las siguientes cuatro (04) resoluciones:
·
La
resolución 239 (1967) del Consejo de Seguridad, en la que se condena que un
Estado permita o tolere “el reclutamiento de mercenarios y la concesión de
facilidades a éstos con el fin de derrocar a los gobiernos de los Estados
Miembros de las Naciones Unidas”.
·
La
resolución 1269 (1999) del Consejo de Seguridad, en la que se exhorta a los
Estados a “prevenir y reprimir en sus territorios, por todos los medios
lícitos, la preparación y la financiación de todo acto de terrorismo”.
·
La
resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad, en la que se decide que todos
los Estados deberán abstenerse de suministrar cualquier tipo de apoyo a las
entidades o personas que participen en actos de terrorismo, incluso reprimiendo
su reclutamiento y el suministro de armas a los terroristas, y denegar el asilo
a quienes financien, planifiquen, apoyen o cometan actos de terrorismo.
·
La
resolución 1456 (2003) del Consejo de Seguridad, en la que se exhorta a los
Estados a que “se presten asistencia mutua, en la mayor medida posible, para
prevenir, investigar, enjuiciar y castigar los actos de terrorismo, dondequiera
que ocurran”, al tiempo que se subraya que “los Estados deben someter a la
justicia a quienes financien, planifiquen, apoyen o cometan actos de terrorismo
o proporcionen cielos seguros, de conformidad con el derecho internacional, en
particular sobre la base del principio de extradición o enjuiciamiento”.
Hasta el día de hoy, los gobiernos de los
Estados Unidos de América y de Colombia siguen negando cualquier tipo de
asistencia y cooperación a las autoridades venezolanas competentes, a fin de
establecer los hechos y evitar la impunidad asegurándose de que los
responsables sean llevados ante la justicia. Como resultado, esos gobiernos
violan sus obligaciones en virtud de los tratados bilaterales existentes sobre
asistencia judicial recíproca en materia penal. Más aún, a partir de hoy, el gobierno
de los Estados Unidos sigue proporcionando un paraíso seguro a las personas que
descaradamente afirmaron ser los líderes de la última incursión armada contra
Venezuela.
Señor Presidente,
Hoy debo informar que las operaciones de captura
de los individuos que participaron en esta agresión armada siguen su curso, ya
que tenemos conocimiento de la existencia de otros grupos de mercenarios y
terroristas que intentaban llevar a cabo sus planes criminales en otras
regiones de nuestro país. De hecho, el 14 de mayo se produjo un atentado contra
nuestro Sistema Nacional de Suministro de Aguas, que además de constituir una
clara violación de la resolución 2341 (2017) del Consejo de Seguridad sobre la protección
de las infraestructuras críticas contra los atentados terroristas, confirma la
veracidad de las declaraciones públicas de los delincuentes que siguen en
libertad, en relación con los preparativos de una nueva agresión y el
entrenamiento de nuevos grupos de mercenarios y terroristas. Todo esto ocurre
mientras se siguen obteniendo nuevas pruebas que apuntan claramente tanto a
Washington como a Bogotá, como los principales conspiradores detrás de la
agresión.
Además, hay por lo menos tres (03) acontecimientos
adicionales de gran preocupación que también debo denunciar hoy, ya que son
parte de la continua y sistemática campaña de agresiones contra mi país:
·
En
primer lugar, el 13 de mayo el gobierno de Estados Unidos incluyó a Venezuela
en una lista ilegal y unilateral para culpar falsamente a mi país de no
cooperar plenamente con los esfuerzos de lucha contra el terrorismo. Nada más
cínico que una acusación de este tipo, que llega sólo días después de la
perpetración de un ataque armado con mercenarios y terroristas, con el pleno
apoyo de los funcionarios del gobierno de EE.UU. y la participación directa de
los ciudadanos y empresas estadounidenses. Además, al día siguiente, el 14 de
mayo, un alto funcionario de la administración Trump indicó a la Agencia
Reuters que se estaba considerando la designación de varios organismos de
seguridad venezolanos como “organizaciones terroristas”.
Se trata de una evidente amenaza a la paz y la
seguridad de mi país, ya que el gobierno de los Estados Unidos está tratando de
fabricar una narrativa en la que, de acuerdo con su noción supremacista que
reivindica sus leyes nacionales como universales, puede tomar una “acción
defensiva decisiva” y proceder al asesinato de altos funcionarios de los
organismos de seguridad e inteligencia de Venezuela, y, utilizando su
maquinaria de propaganda, para luego distorsionar el delito y presentarlo como
una operación antiterrorista. Es un triste hecho de nuestros tiempos que el
gobierno de los EE.UU. espera salirse abiertamente con la suya al normalizar el
asesinato ilegal de altos funcionarios nacionales en todo el mundo a través del
uso de la fuerza bruta.
·
En
segundo lugar, como hemos denunciado en cartas anteriores al Consejo de
Seguridad, el gobierno de los Estados Unidos ha admitido abiertamente que
presiona a las empresas para que se abstengan de suministrar gasolina a
Venezuela, lo que ha dado lugar a la actual escasez que existe hoy en día en
todo el país. En este contexto, permítanme plantear la siguiente pregunta: ¿qué
pasaría si, en medio de la pandemia de COVID-19, la ciudad de Nueva York se
quedara deliberadamente sin gasolina? Esto, indudablemente, daría cuenta de un
crimen contra la humanidad, que es precisamente lo que el gobierno del
Presidente Donald Trump está perpetrando actualmente contra treinta (30)
millones de venezolanos. Hoy en día, la coerción va unida a un nuevo peligro:
la amenaza del uso de la fuerza militar contra cinco (05) petroleros iraníes
con combustible que se dirigen a Venezuela, violando, entre otras cosas, la
libertad de comercio y navegación. En caso de que la amenaza se materialice,
constituiría una agresión armada real contra un buque civil iraní y contra el
pueblo venezolano en su conjunto. El gobierno de los Estados Unidos insiste en
presentarse como nuestro “salvador”, afirmando ser el “principal donante” de
asistencia humanitaria a Venezuela y ahora incluso se atreve a acusar a nuestro
gobierno de obstruir la prestación de asistencia estadounidense, cuando la
verdad es que todos los que están dispuestos a apoyar a nuestro país en la
coyuntura actual han podido hacerlo, a través de las agencias pertinentes de
las Naciones Unidas.
·
Y
en tercer lugar, hace poco menos de una semana, el 13 de mayo, los medios de
comunicación internacionales revelaron la existencia de una “Unidad de
Reconstrucción de Venezuela” dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y
de la Mancomunidad Británica, a través de la cual se mantuvieron conversaciones
entre funcionarios del Reino Unido, figuras de la oposición venezolana y los
conspiradores de la reciente incursión armada sobre la promoción y la necesidad
de dar garantías de un estatus preferencial a las empresas británicas en mi
país después de que el acto de agresión se llevara a cabo con éxito. Esta nueva
evidencia que ahora salió a la luz pública, junto con el saqueo de más de 1.700
millones de dólares en oro venezolano por parte del Banco de Inglaterra,
demuestra una vez más que el gobierno británico es un cómplice oportunista en
el saqueo colonial de las riquezas venezolanas.
Además, los buques de guerra británicos
permanecen fuera de nuestras aguas territoriales, en una actitud hostil y de
confrontación, junto con los buques de guerra holandeses, franceses y
estadounidenses, convenientemente disfrazados de operaciones de lucha contra el
narcotráfico, pero en realidad destinados a establecer ilegalmente un bloqueo
naval contra nuestra nación. La combinación de provocaciones militares con
operaciones de información es una repetición del viejo truco de la negación plausible
usado en las agresiones encubiertas.
Señor Presidente,
El 14 de diciembre de 1974, la Asamblea General
aprobó por unanimidad la resolución 3314 (XXIX), en la que se define la
agresión como “el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la
integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en
cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”, e
incluye como tales actos tanto “el bloqueo de los puertos o de las costas de un
Estado por las fuerzas armadas de otro Estado” como “el envío por un Estado, o
en su nombre, de bandas armadas, grupos irregulares o mercenarios, que lleven a
cabo actos de fuerza armada contra otro Estado”. Este texto, que se ajusta
perfectamente a la descripción de los acontecimientos más recientes en
Venezuela, reconoce también que ninguna consideración de cualquier naturaleza
puede servir de justificación para un acto de agresión.
Por ello, al tiempo que instamos al Consejo de
Seguridad a cumplir con los deberes y responsabilidades que le encomienda la
Carta de las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales, le pedimos que determine de una vez por todas no
sólo la amenaza que las políticas belicistas de los gobiernos de Colombia y de
los Estados Unidos de América representan para la paz tanto de Venezuela como
de toda la región, sino que reconozca los actos de agresión que se han cometido
contra mi país y exija a los autores que pongan fin de inmediato a sus
prácticas delictivas, incluido el uso o la amenaza del uso de la fuerza y la
comisión de nuevos ataques armados, incluso mediante la utilización de
mercenarios y terroristas.
El gobierno de los Estados Unidos y sus aliados
están creando un espacio sin ley en las relaciones internacionales en el que
pueden desconocer sus obligaciones en virtud del derecho internacional e
imponer prácticas tiránicas, caprichosas y coloniales al resto del mundo. Así,
la supremacía de su interés nacional justifica los crímenes más abominables,
como es el caso de proteger a los “buenos terroristas y mercenarios” que
atacaron a Venezuela si sirven bien a la expansión del poder de los Estados
Unidos. El Consejo de Seguridad debe hacer cumplir la noción de moralidad y
legalidad en las relaciones internacionales, bajo el principio de que “ninguna
consideración de cualquier naturaleza, ya sea política, económica, militar o de
otra índole, puede servir de justificación para la agresión”. Esa es la única
manera de promover la paz y la seguridad entre las naciones.
Hoy, en medio de una pandemia mortal que afecta
a toda la humanidad y que requiere la plena atención de nuestro gobierno
nacional para proteger la vida de nuestro pueblo, también nos enfrentamos a un
inminente ataque armado que, por sus efectos genocidas, equivale a un crimen
contra la humanidad. Dada la gravedad de la situación y su potencial escalada,
la inacción del Consejo de Seguridad en la coyuntura actual envalentonará a
esos gobiernos a continuar con sus planes belicistas y criminales, como ha sido
el caso hasta ahora, considerando el hecho de que los gobiernos de Colombia y
Estados Unidos han duplicado su agresión contra Venezuela, en desprecio al
derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, y en una
demostración de su naturaleza no arrepentida y reincidente.
Permítanme concluir insistiendo en que nuestro
país no representa una amenaza para nadie y espera que todos aprendan esta
lección: Venezuela no está en venta, nunca será una colonia y nuestro pueblo,
con serenidad y determinación, cumplirá con su deber de ser libre.
Muchas gracias, señor Presidente.
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