CONTRATO PARA DESTRUIR VENEZUELA
Las tres situaciones se conjugan en el contrato suscrito por Juan Guaidó y Jordan Goudreau para el saqueo y destrucción de Venezuela, bajo financiamiento y protección de Estados Unidos y Colombia, quizá el más infame documento de nuestra Historia Contemporánea.
Como en todos los pactos con el Diablo, falta la firma de los implicados principales .Falta la de Donald Trump, Presidente del País mayor consumidor de droga del mundo, conductor de la más gigantesca operación aeronaval en el Caribe para reforzar el bloqueo contra Venezuela, autor de las mal llamadas sanciones contra nuestro país, ejecutor del gigantesco latrocinio contra los bienes de nuestro país en el exterior, del cual saldrían los dólares para pagar su proyectada destrucción, patrono del sicario Jordan Goudreau, quien lo sirvió en tareas de asesoría y protección personal.
En efecto, los fondos saqueados a Venezuela -en contravención con la Convención de Naciones Unidas sobre los bienes de los Estados en el exterior- son manejados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el único organismo autorizado para aportar los 211.900.000 millones de dólares tarifados por el Procurador General de Estados Unidos por el secuestro del Presidente de Venezuela y las recompensas de diez millones por el de otros funcionarios venezolanos.
Falta asimismo la firma del Presidente Iván Duque, quien facilitó el territorio de la ocupada Colombia como base de entrenamiento para los facinerosos que atacarían Venezuela.
Pues en Colombia se realizaron en enero de 2020 ejercicios militares conjuntos de neogranadinos dirigidos por el Comando Sur en el Fuerte Tolemaida, con observadores de Brasil. Nuevos ejercicios conjuntos del ejército estadounidense y el colombiano se efectuaron en marzo en la Guajira, desde donde partieron las lanchas de desembarco capturadas en el Litoral venezolano. Tanto Antonio Sequea, jefe operativo de la expedición, como otros sicarios, confiesan que entrenaron en Colombia y que tres militares estadounidenses aleccionaron a su grupo.
Algunos particulares del Pacto Infame merecen comentario especial. El contrato está redactado en inglés, que no es el idioma oficial del país a ser destruido, y por consiguiente carece de validez en éste.
Ni una palabra, ni una letra del contrato versan sobre razones ideológicas, económicas, sociales, políticas, culturales, legales o programáticas para el genocidio planeado. Su único lenguaje es el dólar, su único objetivo el saqueo.
El hecho de que el precio del contrato esté expresado en dólares le quita validez en Venezuela, ya que falta la cláusula según la cual el pago puede ser cancelado por su equivalente en moneda nacional.
El objeto de un contrato debe ser legítimo. No tiene validez un pacto cuyas cláusulas son enteramente contrarias a la Ley, cuya finalidad confesa es: “Una operación para capturar/ detener/ eliminar a Nicolás Maduro…. eliminar el régimen actual e instalar al reconocido presidente venezolano Juan Guaidó.”
Una guerra se declara por las autoridades legítimas de un país, con el consenso efectivo de su población y es librada por un ejército nacional legítimo. En ausencia de esos requisitos, el consorcio para perpetrar violencias masivas contra un país no pasa de asociación criminal.
Pero hoy en día los imperios no declaran las guerras: las contratan. En el documento un usurpador incurso en traición a la patria pacta con una empresa radicada en Estados Unidos servicios mercenarios de un grupo de sicarios de nacionalidades diversas, para imponer por la violencia y la devastación una ficción de poder.
Para acabar con la impunidad que con frecuencia ha auspiciado la repetición de actos similares, dispone el artículo 4 del Código Penal que serán juzgados en Venezuela: “16- Los extranjeros o venezolanos que, en tiempo de paz, desde territorio, buques de guerra o aeronaves extranjeras, lancen proyectiles o hagan cualquier otro mal a las poblaciones, habitantes o al territorio de Venezuela, quedando a salvo lo expuesto en los dos apartes del número 2 de este artículo”.
Todos estos tipos delictivos presentan el supuesto de hecho de connivencia con una Nación extranjera. A tal respecto, el artículo 129 del Código Penal pauta: “El que dentro o fuera de Venezuela, sin complicidad con otra Nación, atente por si solo contra la independencia o la integridad del espacio geográfico de
A diferencia del infame contrato, las leyes de la República Bolivariana de Venezuela sí son válidas, y deberían aplicarse.
PD: Cumple Aquiles Nazoa cien años de nacido, y Juan Calzadilla noventa. Esperemos el fin de la peste y de la agresión mercenaria para celebrar multitudinariamente un Siglo de Sonrisas y de Poesía.
TEXTO/IMÁGENES: LUIS BRITTO
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DIRECCIÓN: Román Chalbaud GUIÓN: Luis Britto García
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CONTRATO GUAIDÓ-GOUDREAU PACTO ÍRRITO
Luis Britto García: Contrato Guaidó-Goudreau es un pacto mafioso írrito al estilo de los piratas del siglo XVI
“Es uno de los documentos quizás el más infame de la historia de Venezuela. Vale la pena analizarlo y reflexionar sobre él”, dijo el intelectual y escritor venezolano Luis Britto García, durante un programa especial en Venezolana de Televisión, para analizar el impacto altamente dañino que pretendían realizar los mercenarios junto a una parte de la oposición venezolana.
Britto García recordó que en los siglos 16 y 17, las potencias navales de la época utilizaban los “servicios “ de piratas para invadir, ocupar y saquear regiones y países diverso, que se caracterizaban por tener tres grandes elementos:
- Los piratas suscribían contratos minuciosamente redactados sobre cómo se iban a repartir el botín entre los mandantes y los “prestadores” del servicio.
- Esos piratas estaba apoyados por los reyes de las potencias quienes siempre negaban su participación.
- En la historia de Venezuela, una reina inglesa le entregó un galeón a un famoso pirata para incursionar en Venezuela y teóricamente ella no estaba haciendo nada ilegal.
“Se trata de una complicidad total de un acto delictivo”, sentenció el intelectual, al vincular estas acciones del pasado con lo que se quería hacer contra Venezuela en pleno siglo XXI.
“Jurídicamente es un contrato írrito y además tiene por objetivo la suplantación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por una banda terrorista extranjera, por tiempo indefinido y sin ningún límite en sus actuaciones para atacar a objetivos civiles y militares”, resumió sobre los detalles que están contenidos en el documento hecho público.
“Este contrato fue publicado en el diario The Washington Post, y la oposición no puede decir que lo está inventando el gobierno venezolano”, advirtió en referencia a las relaciones que hizo sobre los venezolanos y extranjeros involucrados en la felonía asesina.
Al ser firmada por representantes de una empresa extranjera estadounidense que finge ser privada, Britto García alerta que “actúa bajo protección, apoyo y financiamiento de gobernantes imperiales contra Venezuela”.
“Es un contrato criminal y un pacto mafioso y además suscrito sin la menor vergüenza por representantes de alguna oposición venezolana porque no creo que toda esté de acuerdo con esto”.
Alertó que este llamado “contrato” por tener un objeto ilícito no es válido y representa una confesión delictiva, con tres grandes rasgos:
- “Uno no puede contratar para un asesinato. Si ese contrato se incumple ningún juez podría decir cúmplase ese objeto del contrato y asesine a la persona a eliminar”.
- “Este contrato es en dólares, falta cualquier motivación política, ideológica, el único objeto del contrato es la liquidación física del presidente y de los venezolanos y del cobro en dólares”
- “Aquí se habla directamente de eliminación del gobierno y sus principales funcionarios y de cualquier venezolano por las fuerzas de ocupación”, denunció.
Pagarse y darse el vuelto:
El también abogado, destacó que el documento establece claramente unas condiciones leoninas para el pago del “servicio” contratado.
Aquí determinó que Guaidó firmó para comprometerse a pagar más de 212 millones de dólares, pero en realidad él ni sus cómplices aportarían ningún centavo, sino de los recursos robados vilmente a las cuentas en el extranjero por parte del gobierno norteamericano.
“Se habla de unos pagos y se dice que EE.UU. no está involucrado. Pero es que Guaidó no tiene la disposición directa de los recursos robados a Venezuela que serían usados para liquidar al país. Se lo tiene que autorizar el Departamento del Tesoro de EE.UU.”, denunció. “Los opositores son mezquinos con su dinero, solo pueden ser aportados por el Tesoro de EE.UU. que está implicado con esta acción criminal”.
Acusó al gobierno de Donald Trump y toda la autoridad gubernamental estadounidense de eser corresponsables de esta delictiva actuación contra la soberanía de Venezuela y por tanto son cómplices. “Uno no puede instigar un delito sin hacerse cómplice”.
En este sentido, citó varios artículos del Código Penal Venezolano, en especial el 4to, que detalla los tipos delictivos en que incurren tanto venezolanos como extranjeros que intenten derrocar al gobierno, hacer daño a las poblaciones y desintegrar al país.
Britto Gracía adelantó que se publicará próximamente un extenso análisis sobre este insólito documento que es vergüenza para los venezolanos que lo rubricaron y pretendieron hacer efectivo. /CP
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