Sin duda la información que ha generado más reacciones y se volvió realmente viral en redes y medios durante las últimas horas tiene que ver con las declaraciones de Donald Trump durante un mitin de campaña en Carolina del Norte. El tipo, con el descaro que lo caracteriza, dijo para criticar que EEUU le esté comprando petróleo a Venezuela que cuando él era presidente nuestro país estaba “listo para colapsar” y ellos, o sea los gringos, se habrían “llevado todo ese petróleo”. Estas fueron su palabras:
“¿Qué me dicen de eso de comprarle petróleo a Venezuela? Cuando yo me fui, Venezuela estaba lista para colapsar, la habríamos tomado, nos hubiéramos llevado todo ese petróleo y lo tendríamos a la mano. Pero ahora le estamos comprando petróleo a Venezuela y estamos haciendo muy rico al dictador. ¿Pueden creerlo? Nadie puede creerlo”.
Bueno, el arranque de sinceridad que Trump hace para galvanizar su voto duro y darle latigazos a los demócratas logró la reacción tanto de dirigentes del Gobierno como algunos de la oposición. En general la opinión pública ha criticado las declaraciones. Pero el punto aquí es que queda desnuda una verdad muchas veces negada por opositores venezolanos: la intención de Estados Unidos tras las sanciones, el bloqueo y su ofensiva contra Venezuela siempre ha sido apoderarse del petróleo y nunca nada que tenga que ver con democracia. Por cierto, también destaca que ninguno de los precandidatos opositores se haya pronunciado sobre esto: ni Capriles, ni Rosales, ni Rausseo, ni María Corina han ha dicho ni pío.
El canciller Yván Gil destacó esta confesión en Twitter:
“Trump confiesa que su intención era apoderarse del petróleo venezolano. Todo el daño que los EEUU ha hecho a nuestro pueblo, con el apoyo de sus lacayos acá ha tenido un único objetivo: ¡robarnos nuestros recursos! No pudieron ni podrán. ¡Siempre venceremos!”.
La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, Capítulo Venezuela, ante la presencia de tropas de Estados Unidos en Perú:
RECUERDA que América Latina y el Caribe son Zonas de Paz, donde la presencia de milicias de potencias hegemónicas extrañas a la región representa una grave lesión a la soberanía territorial y una amenaza para el equilibrio estratégico de ella
ADVIERTE que la injerencia de tropas extrañas a la región, a menos que su lapso de permanencia sea establecido de manera breve, precisa y perentoria, tiende a perpetuarse, constituyéndose en inagotable fuente de atentados contra la soberanía y la autodeterminación del país huésped y sus vecinos
REMEMORA que la intervención militar de Estados Unidos tiende, como ocurrió en Vietnam, Afganistán, Laos, Cambodia y otros países, a prolongarse en conflictos genocidas que a la larga culminan en fiascos estratégicos con incontables pérdidas materiales y humanas para invasores e invadidos
SEÑALA que Estados Unidos instala sus efectivos militares con la pretensión de que sean inmunes ante las leyes y los tribunales del pais ocupado por la comisión de cualquier tipo de daños y delitos, y que cuando algún órgano jurisdiccional de éste rechaza dicho privilegio contrario a la Constitución, como hizo el Tribunal Supremo en Colombia, Estados Unidos otorga ilegítimamente la condición de diplomáticos a sus efectivos para investirlos de una espúrea impunidad
INDICA que Estados Unidos emplea sus bases militares en el extranjero, no sólo con la finalidad de intervenir política y económicamente en los países ocupados y disponer de prisiones extraterritoriales no sujetas a autoridad alguna, sino además con el objetivo de que los países invadidos lo apoyen con recursos estratégicos y humanos en conflictos extraños a los intereses y dinámicas de la región
CONSIDERA que la invitación formulada por la autodesignada Dina Boluarte a tropas extranjeras para que se desempeñen en Perú, es la confesión palmaria de que su ilegítima dictadura ni siquiera domina la situación interna en el país, vale decir, ni siquiera califica como gobierno de facto
HACE VOTOS para que la situación en Perú evolucione hacia el respeto a la voluntad del pueblo, la reposición en su cargo del Presidente electo Pedro Castillo, y el castigo a los represores que, según noticias internacionales, han causado más de 70 víctimas fatales, 20 de ellas aparentemente por ejecuciones extrajudiciales.
Durante la reunión de los presidentes suramericanos en Brasilia, el mandatario chileno criticó la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Desde su entronización a la Presidencia de Brasil en enero de 2023, Lula da Silva se ha esforzado por relanzar el proceso de cooperación regional en un continente fragmentado y dividido.[1]Con esta óptica organizó la Cumbre de Sudamérica que reunió a los presidentes de la zona el 29 y 30 de mayo de 2023 para reforzar la integración y el dialogo entre los diferentes vecinos, entre los cuales Venezuela. Este país sufre sanciones económicas extremadamente severas impuestas por los Estados Unidos desde hace años, que atentan gravemente contra los derechos fundamentales de los venezolanos.[2]
El Presidente Lula denunció el ostracismo y la guerra política, económica, diplomática y mediática de la cual es víctima Venezuela, señalando “la narrativa que se construyó contra Venezuela de la antidemocracia y el autoritarismo”, particularmente por razones ideológicas. También criticó el doble discurso de algunos países: Es “muy extraño [que] las exigencias que el mundo democrático hace a Venezuela no son hechas a Arabia Saudita”.[3]
El Presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou y el Presidente de Chile Gabriel Boric criticaron las palabras de Lula sobre Venezuela. Si la postura del dirigente uruguayo, conservador, es poco sorprendente, la del mandatario chileno, de centro-izquierda, suscitó más incomprensión. Insistió en “el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria”, sin decir una palabra sobre las sanciones económicas estadounidenses que ahogan el país y que son la principal causa de este éxodo. “Los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar”, concluyó[4].
Dos realidades ponen en tela de juicio la sinceridad de las preocupaciones del dirigente chileno. Primero, el último informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en América Latina es abrumador para muchos países. Si uno se basa en la realidad factual del estudio, no es posible señalar específicamente a Venezuela sobre esta cuestión. Las violaciones de los derechos humanos son numerosas y gravísimas en todo el continente.[5]
Luego, para poder erigirse en juez, es imprescindible tener la autoridad moral necesaria. Ahora bien, el último informe de Amnistía Internacional de 2022/23 sobre Chile habría debido llevar a Gabriel Boric a dar prueba de más humildad. En efecto, la institución denunció la impunidad de la cual se benefician los agentes del Estado responsables de “violaciones de derechos humanos”. AI también subrayó que las fuerzas del orden eran culpables de “crímenes contra la humanidad”, “de torturas y otros malos tratos” durante la crisis social de 2019. Del mismo modo, AI hizo partícipe de “arrestos arbitrarios”: “Muchas personas han sido absueltas por falta de pruebas tras pasar largos periodos en prisión preventiva”. AI señaló también casos de “tortura y otros malos tratos” para con pacientes de un hospital psiquiátrico y subrayó que, lejos de perseguir a los responsables de esos crimines, “la fiscalía de Valparaíso pidió la suspensión definitiva del caso”.[6]
Frente a las cámaras Gabriel Boric expresó su compasión hacia los migrantes y refugiados venezolanos. Se trataba en realidad de una postura de fachada destinada a la prensa y desprovista de sinceridad. En efecto, Amnistía Internacional denunció las violaciones “de los derechos de las personas refugiadas o migrantes” en Chile. “Las autoridades han reiniciado las expulsiones inmediatas de personas extranjeras sin evaluar su necesidad de protección internacional”.[7]AI incluso publicó una carta abierta a Gabriel Boric expresando su “grave preocupación sobre la situación en la que se encuentran personas que necesitan una protección internacional en la frontera entre Chile y Perú”, denunciando el “despliegue de fuerzas armadas y la instauración de estado de excepción”, medidas contrarias “a las obligaciones internacionales de Chile”.[8]
A la luz de estos elementos, Gabriel Boric no dispone de autoridad moral para disertar sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Sus declaraciones están más motivadas por consideraciones políticas y la voluntad de complacer a ciertos sectores que por una preocupación sincera sobre la suerte de Venezuela. Si al Presidente chileno le alarma el bienestar del pueblo venezolano debería condenar las sanciones económicas estadounidenses contra Caracas y exigir su levantamiento inmediato.
Salim Lamrani es doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de Sorbonne Université y profesor titular de la Universidad de La Reunión, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
[3]BBC News Mundo, «‘No es una construcción narrativa, es la realidad’: las criticas de los presidentes de Chile y Uruguay a Lula por sus palabras sobre Venezuela», 31 de mayo de 2023. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-65762357(sitio consultado el 1 de junio de 2023).
Por Raúl Kollmann, Resumen Latinoamericano, 18 de mayo de 2023.
La Cámara Federal de La Plata rechazó la apelación de la DAIA y la Fiscalía y confirmó que no hay evidencias de financiamiento al terrorismo de los tripulantes iraníes y venezolanos. También restituyó el avión. La nave sin embargo, seguirá retenida en Buenos Aires debido a un pedido de EE.UU. El laberinto geopolítico.
La Cámara Federal de La Plata confirmó la falta de mérito para tres iraníes y dos venezolanos, tripulantes del avión de Emtrasur que aterrizó en Ezeiza el 6 de junio de 2022. Los magistrados Carlos Vallefin y Roberto Lemos Arias sostienen que no hay evidencia de que los iraníes y venezolanos hayan realizado actividades que, de últimas, sirvieran para financiar al terrorismo. Los camaristas confirmaron la autorización de los tripulantes para irse del país -cosa que ya hicieron en octubre pasado- y en el fallo también restituyen el avión a la empresa venezolana. Ese paso no se concreta porque hay un pedido de la justicia norteamericana para incautar el aparato por una norma del Departamento de Comercio de Washington: los bienes fabricados en Estados Unidos no pueden ser transferidos sin autorización norteamericana y ya se sabe que tanto contra Irán como contra Venezuela rige un embargo. De manera que los camaristas liberan el Jumbo, pero advierten que está el litigio con Washington.
La fiscalía de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, había apelado la decisión del juez Federico Villena de dictar la falta de mérito para iraníes y venezolanos esencialmente en base al hecho de que no hubo ningún delito del qué acusarlos. El Jumbo llegó al país trayendo autopartes de Volkswagen desde México y en las dos inspecciones que se realizaron al 747 no se encontró absolutamente nada. Aún así, la DAIA, en representación de la dirigencia de la comunidad judía, se presentó en el expediente y acusó a la empresa y la tripulación por supuesta complicidad con el terrorismo. Al no haber ninguna prueba, el juez autorizó a los últimos tripulantes, tres iraníes y dos venezolanos, a dejar la Argentina. La fiscal y la DAIA apelaron y ahora la Cámara Federal ratificó lo decidido por el magistrado, beneficiando a Gholamreza Ghasemi, Abdolbaset Mohhammadi, Saied Valizadeh, Víctor Manuel Pérez y Mario José Arraga Urdaneta.
Los camaristas sostienen, en un fallo de 17 páginas, que los dos iraníes participaron de vuelos entre Teherán y Damasco en los que supuestamente se habrían transportados armas y componentes militares para entregar a la organización libanesa, pro-iraní, Hezbollah. Fue durante la época de los intensos combates entre Hezbollah e Israel. Pero en el texto, se dice que no hay delito en la Argentina. La única posibilidad, menciona el fallo, es que la carga de autopartes haya sido un plan de recaudación de dinero para financiar el terrorismo. En ese marco, Lemos Arias y Vallefín realizaron un análisis de los pagos y transferencias de las distintas sociedades que participaron de los contratos por el vuelo entre México, Caracas y Buenos Aires. La conclusión es que quien más rédito sacó fue una sociedad llamada Zorex USA, que incluso parece haber manejado parte de la operación porque pagó a Axion de Uruguay el combustible -106.000 dólares- que se iba a cargar en Montevideo dada la negativa de las empresas argentinas a proveer de combustible al avión venezolano-iraní. Pero, justamente, el fallo menciona que no hay elementos que acrediten que el vuelo del 747 haya tenido relación con el financiamiento del terrorismo.
El dirigente del partido Miles, Luis D’Elía, dio a conocer el fallo señalando que “la justicia argentina dictó hoy la falta de mérito en favor de los pilotos iraníes, que tuvieron que soportar cinco meses de escarnio público acusados falsamente de terrorismo”. D’Elía -un habitual aliado de Irán- acusó al sionismo internacional de estar detrás de las imputaciones. En realidad, el fallo no absuelve, ordena continuar con la investigación, algo casi imposible transcurrido casi un año del aterrizaje. En 12 meses no se encontró ni una sola evidencia de delito y parece evidente que se trata de un expediente de política y presiones internacionales.
La cuestión pendiente ahora es lo que sucede con el Jumbo en sí mismo. Es una aeronave antigua y que no tiene rentabilidad, salvo para un país como Venezuela que tiene el combustible a un valor insignificante. No obstante, el juez federal de Columbia, Randolph Moss, ordenó el decomiso definitivo del Jumbo por violar la norma del Departamento de Comercio por la que se exige autorización norteamericana para transferir un aparato fabricado en ese país. Como la iraní Mahan Air le vendió el Jumbo a Emtrasur -empresa estatal venezolana- la justicia norteamericana alega que se hizo sin permiso y, por lo tanto, elude además las normas del bloqueo político establecido por las administraciones de Estados Unidos.
El gobierno argentino ya le pidió más aclaraciones al juez Moss y parece evidente que no tomará ninguna determinación. Difícil que se lance a un conflicto con Venezuela y tampoco querrá un choque con Washington. Todo indica que esto quedará para después de diciembre, en esencia porque poco tiene que ver con cuestiones judiciales y sólo es parte de los choques políticos mundiales.
Fuente: Página 12
jueves, 4 de mayo de 2023
Honduras. Empresa EE.UU reclama millones al país por no poder operar impunemente en el territorio
Por Marcia Perdomo, Resumen Latinoamericano, 04 de abril de 2023.
Treinta y tres legisladores solicitaron la intervención del secretario de Estado y la representante de Comercio para apoyar la defensa de Honduras ante la demanda ISDS interpuesta por Próspera
Mientras en Honduras las y los congresistas dan largas a la ratificación de la derogación de las reformas y leyes que dieron vida a las ciudades privadas bajo la figura de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), en Estados Unidos 33 legisladores expresaron su preocupación frente a la demanda de Próspera contra Honduras.
Mediante una carta dirigida a la representante de Comercio, Katherine Tai, y el secretario de Estado, Antony Blinken, las y los legisladores demócratas encabezados por la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts y el representante Lloyd Doggett de Texas pidieron la intervención de ambas agencias para poner freno a un campo de juego que beneficia a las grandes corporaciones, a la vez que socava la soberanía de los Estados.
Las y los senadores y representantes remarcaron la disparidad existente en los tribunales de arbitraje privados, los cuales exigen a los gobiernos que paguen millonarias sumas sin que los trabajadores y consumidores tengan la misma apertura
Las y los representantes y senadores apuntan que el sistema de Solución de Controversias Inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) es usado por grandes corporaciones como una arma defectuosa y antidemocrática que bajo la idea de resolver disputas, beneficia sus propios intereses a expensas de los trabajadores, los consumidores y las pequeñas empresas a nivel global.
“Por lo tanto solicitamos que sus agencias investiguen todas y cada una de las opciones a su disposición para eliminar las obligaciones bajo el marco ISDS de los acuerdos comerciales y de inversión existentes”, señala la carta.
La misiva detalla que el mecanismo del ISDS no es necesario para promover inversiones productivas, en cambio sí perjudica los derechos humanos y obstaculiza los esfuerzos para abordar el cambio climático.
En un comunicado de prensa publicado tras la divulgación de la carta de las y los legisladores demócratas, se remarcó la disparidad existente en los ISDS donde las quejas son manejadas “por tribunales de arbitraje privados compuestos por abogados corporativos” quienes exigen a los gobiernos que paguen millonarias sumas sin que los trabajadores y consumidores tengan la misma apertura para presentar quejas y hacer cumplir los compromisos laborales y ambientales en los acuerdos comerciales.
DEMANDA DE PRÓSPERA NO ES UN CASO AISLADO EN AMÉRICA LATINA
Con respecto a la demanda de Próspera contra el Estado de Honduras por aproximadamente US $11 millones, las y los legisladores resaltaron que la misma es el más reciente ejemplo “de la preocupante tendencia del aumento del ISDS en América, tanto en el número de casos como en las elevadísimas demandas”.
Agregando que los gobiernos de América Latina han pagado cerca de 28 mil millones de dólares en indemnizaciones a empresas extranjeras a costa de sus contribuyentes, simplemente por poner en marcha políticas públicas encaminadas a la protección del medio ambiente, acceso a la salud y el bienestar económico de sus comunidades.
En el caso de Próspera contra el Estado de Honduras, señalan que en diciembre de 2022 esta presentó una demanda en virtud del CAFTA-DR ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el cual “obligará al gobierno de Honduras a gastar potencialmente millones de dólares para defenderse por responder a la voluntad de su pueblo y hacer valer su soberanía sobre estas jurisdicciones de gobernanza especial que operan en su territorio”.
En esta conferencia de prensa Prospera anunció que interpondría una demanda contra el Estado de Honduras
Destacan que la millonaria suma que busca Próspera no es el único motivo que genera serias preocupaciones. Apuntan que la derogación de la Ley Orgánica de las ZEDE a través del Congreso Nacional fue una gran victoria para la democracia del país, puesto que estás más allá de atraer inversión extranjera directa dentro de las fronteras de la nación anfitriona, “permitió la creación de zonas de gobernanza privada mucho más extremas que tienen ‘autonomía funcional y administrativas’ del gobierno nacional”.
En la nota de prensa lanzada tras la publicación de la carta explican que “las ZEDE son zonas de gobierno privado cuasi-soberanas donde las empresas pueden operar casi independientemente del gobierno hondureño, estableciendo sus propios códigos fiscales, sistemas judiciales y leyes laborales”.
En la misiva recuerdan que tanto el gobierno como el congreso de los Estados Unidos han reconocido “hasta cierto punto” los problemas con el sistema ISDS, algo en lo que desde ya trabajan de forma bipartidista para reducir significativamente las obligaciones bajo ISDS.
“Le solicitamos que intervenga—a través de una declaración de apoyo, un amicus curiae y cualquier otro medio a su disposición—en apoyar la defensa de Honduras en el caso de la demanda ISDS interpuesta por Prospera, para garantizar que casos tan atroces dejen de perturbar la formulación de políticas democráticas, y trabajar para la eliminación de obligaciones bajo ISDS en acuerdos preexistentes en nuestro hemisferio”, expusieron en la carta.
LA LARGA ESPERA DE UNA RATIFICACIÓN QUE NO LLEGA
Curiosamente, mientras en Estados Unidos las y los legisladores señalan la inequidad al interior del sistema de Solución de Controversias Inversionista-Estado, en Honduras a un año de la derogación de las ZEDE, su ratificación sigue a la espera.
Jimena García Merino
El medio Criterio.hn consultó con la fundadora de Honduras Resurge, Jimena García Merino, el porqué el tema de la ratificación de las ZEDE no parece prosperar en el Congreso Nacional de Honduras, y ella vislumbra que estos temas de interés pueden ser utilizados por las y los políticos como moneda de cambio, utilizando los votos en favor o en contra para obtener beneficios propios.
García Merino sostuvo que un diputado le compartió que la bancada del Partido Nacional ofrece los votos para la ratificación de la derogación de las ZEDE siempre y cuando se les proporcione inmunidad, entre otras negociaciones.
“Lamentablemente la función legislativa sigue en la balanza tendiendo más a los intereses particulares, que al bien común y al respeto de nuestra soberanía”, deploró.
En Honduras, diputadas y diputados de la bancada del Partido Nacional podrían estar utilizando la ratificación de la derogación de las ZEDE como una moneda de cambio para obtener inmunidad, entre otros beneficios propios, dice fundadora de Honduras Resurge.
A la vez que expuso que a más de tres semanas en la agenda el tema de la ratificación de la derogación de las ZEDE, “las y los diputados deben estar conscientes que el pueblo los está observando y que habrá un duro voto de castigo para quienes no ratifiquen la derogación”.
POR TERCERA VEZ EN POCAS SEMANAS, ES BLOQUEADA LA PUBLICACIÓN DE UN CONTENIDO EN ESTE BLOG POR AUTORIDADES QUE NO CONOCEMOS Y DESCONOCEMOS, ACOMPAÑADA DE UNA ORDEN DE MODIFICAR EL CONTENIDO SEGÚN NORMAS QUE NO SE EXPLICAN, EN LOS TÉRMINOS QUE CITAMOS A CONTINUACIÓN. INSISTIMOS EN QUE NO PUEDE UN SERVIDOR DE INTERNET VIOLAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN GARANTIZADA EN LA CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS.
RED EN DEFENSA DE LA HUMANIDAD, CAPÍTULO VENEZUELA
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La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad –REDH– al unísono con las iniciativas sociales, políticas y culturales que abogan por una Latinoamérica y un Caribe soberanos, repudia la intrusión de propuestas neocoloniales que proyectan retrotraer la región a la noción de ‘Iberoamérica’, una invención geopolítica del siglo XVI, cuya incursión fue repelida con la independencia de hace dos siglos.
Mientras los pueblos de Latinoamérica y el Caribe muestran su empeño por encender las luces del porvenir y del pensamiento propio para tener futuro, actores políticos como el “Foro de Madrid” pretenden resucitar del pasado un entramado de argumentos decimonónicos, para articular un anacronismo histórico llamado de ‘Iberosfera’, que no solo actualiza las aspiraciones colonialistas que el reino español alimenta desde el Siglo XVI sino que busca posicionar las disonancias racistas, clasistas, sexistas y homofóbicas que le caracterizan.
La REDH alerta sobre la recurrente presencia de estos actores políticos de la extrema derecha en la región (Foro Latinoamericano por la Libertad, Uruguay 2023/03; Conferencia de Acción Política Conservadora, México 2022/11 y otros), llama la atención sobre un trayecto histórico de genocidios, desapariciones, masacres, dictaduras y gobiernos tutelados que son el legado de estos grupos y, por ende, convoca a nuestros pueblos a mantener una activa vigilancia sobre las múltiples acciones de injerencia que estos sectores impulsan.
Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo peruano, cuyo país sometido a un régimen de facto será sede del “Foro de Madrid” en Lima, convocado por un entorno de aspirantes a dictadores, neofascistas y ultraderechistas, que manipulan los conceptos de libertad, democracia y estado de derecho, a la vez que hacen alarde de sus verdaderas aspiraciones: asfixiar los proyectos de integración regional soberana; demoler al progresismo; y aniquilar instancias políticas democráticas como el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla.
Reiteramos nuestro llamado a construir un mundo de paz, basado en la soberanía y alternativo al capitalismo que depreda la naturaleza, explota a los seres humanos, menosprecia a los pueblos originarios y niega las diversas culturas, modelo de un nuevo colonialismo que pretende ratificar el Foro de Madrid en Lima.
Por un mundo solidario y alternativo al capitalismo: ¡No al neofascismo! ¡No al Foro de Madrid en Lima!
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