Israel. Académicos israelíes publican una carta abierta condenando el genocidio en Gaza
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ActualidadRT, Resumen Latinoamericano, 14 de abril de 2025.
El presidente estadounidense volvió a destacar la responsabilidad del líder del régimen de Kiev en el desencadenamiento del conflicto ucraniano.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado ingenuas las intenciones de Vladímir Zelenski de comprar armas estadounidenses para guerrear con Rusia, que es militarmente superior a Ucrania.
“Cuando empiezas una guerra, tienes que saber que puedes ganarla, ¿no? No empiezas una guerra contra alguien que es 20 veces más grande que tú y luego esperas que la gente te dé los misiles”, afirmó este lunes durante su reunión en la Casa Blanca con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
Trump señaló que el líder del régimen de Kiev “siempre estaba buscando comprar misiles”, agregando que Biden y Zelenski podrían haber evitado el conflicto.
Esta misma jornada, el presidente estadounidense afirmó en una publicación que los dos “hicieron un trabajo absolutamente horrible al permitir que comenzara esta tragedia”.
Las declaraciones se producen después de que Zelenski acusara en una entrevista con CBS News a Trump de hablar “de manera más cálida con los rusos que con Ucrania”, añadiendo que, según su punto de vista, Washington “debe estar del lado de Ucrania”

Resumen Latinoamericano, 14 de abril de 2025.
La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, expresa su preocupación ante los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral de Ecuador, en el contexto de la segunda vuelta de los comicios presidenciales celebrados el domingo 13 de abril.
Una serie de irregularidades ocurridas en el marco del proceso electoral, alertan sobre la falta de garantías jurídicas y constitucionales para brindar al pueblo ecuatoriano condiciones óptimas para el ejercicio del voto. Entre estas, destacan:
Ante esta situación, manifestamos nuestro apoyo a la solicitud de las agrupaciones políticas participantes, de exigir al Consejo Nacional Electoral la auditoría de los resultados anunciados por ese ente comicial.
Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad
Nuestra América, 14 de abril de 2025
Luego de 10 años, Luis Almagro culmina un ciclo al frente de la OEA marcado por la "sumisión total a Washington", el apoyo a un golpe de Estado en Bolivia y la amenaza de una invasión a Venezuela. Analistas consultados por Sputnik reflexionaron sobre cómo Almagro "llevó al límite" a la OEA como herramienta de EEUU contra los "díscolos".
Durante la gestión de Almagro se consolidaron algunas tendencias históricas de la OEA como la sumisión a EEUU, el principal 'accionista' de la organización. Pero, además, Almagro construyó una marca propia, muy personalista y en la línea del primer Gobierno de Trump y con el núcleo de republicanos afines a Trump en Miami.
El episodio "más bochornoso" de la gestión de Almagro se dio con el apoyo de la OEA al golpe de Estado en Bolivia en 2019, cuando el propio secretario general acusó al entonces presidente boliviano Evo Morales (2006-2019) de fraude electoral, sin datos fehacientes que sustentaran esa hipótesis.
Almagro profundizó la inestabilidad y propició un golpe de Estado convencional puro y duro en Bolivia, con un legado de violencia, muertes y desinstitucionalización muy fuerte. La OEA es responsable de eso y todos esperábamos que Almagro tuviera que rendir cuentas, pero parece que se irá impune.
(Sputnik Mundo)
El esbirro Pro Imperialista y Secretario de la OEA, Luis Almagro fue expulsado del partido histórico Frente Amplio de Uruguay por unanimidad.
Por su conducta frente al organismo.
La OEA fue durante muchos años una organización dedicada a proyectar ante el mundo el consenso entre EEUU y las elites latinoamericanas en la lucha contra el "comunismo". La OEA servía, en esencia, para unificar el hemisferio detrás del liderazgo de EEUU durante la Guerra Fría
Por ello, Cuba fue expulsada de la OEA en 1962 sobre la base de que "el marxismo-leninismo es incompatible con el sistema interamericano". En contraste, ninguna de las dictaduras latinoamericanas más sangrientas - algunas hasta genocidas - fueron expulsadas de la organización.
En las ocasiones en las que América Latina se atrevía a rebelarse en el seno de la OEA (como por ej. en la Guerra de las Malvinas en 1982 o en la invasión estadounidense de Panamá en 1989-1990), EEUU simplemente actuaba de forma unilateral, ignorando las resoluciones aprobadas.
Cuando finalmente terminó la Guerra Fría, la OEA entró en una crisis profunda. Ya parecía no jugar ningún rol. Y los latinoamericanos, entregados al Consenso de Washington y a los ajustes estructurales neoliberales, le prestaban más atención al FMI, al Banco Mundial o al BID.
Los latinoamericanos y caribeños parecían incluso apostarle más a organizaciones subregionales como la CAN (creada en 1969), el CARICOM (1973), el MERCOSUR y SICA (1991). Y en la resolución de conflictos internacionales, llegó a pesar más la Santa Sede que la propia OEA.
Frente a esta situación, la OEA buscó reinventarse. Lo hizo aferrándose a varias iniciativas. Una, en particular, fue la observación electoral. Iniciada en Costa Rica en 1962, fue un nicho fundamental para la OEA durante la etapa de democratización de la región en los 80 y 90s
Con el giro político hacia el progresismo en América Latina en la primera década y media de este siglo, la OEA empezó a tomar distancia de su histórico entreguismo a EEUU. Por primera vez, un Secretario General no apoyado por Washington fue electo en 2005 y reelecto en 2010.
En 2009, la OEA invitó a Cuba a reincorporarse a la organización. La Habana agradeció pero declinó. El mismo año, Honduras fue suspendida después del golpe de Estado contra el Presidente Zelaya. Solamente fue reincorporada después de un acuerdo que permitió su retorno al país.
Los progresistas, aún sospechosos de la OEA y el poder de los EEUU, optaron por crear otros espacios de integración regional y concertación política, como la UNASUR (con un tratado constitutivo y la promesa de construir varias instituciones de gobernanza regional) y la CELAC.
Pero el retorno de la derecha en la región frustró estas iniciativas regionales. Almagro se volvió el gran títere del gobierno de Trump en el hemisferio y optó por dedicarse de lleno, por encima de cualquier otra tarea, a la consecución de un cambio de régimen en Venezuela.
Almagro apoyó las ilegales sanciones de EEUU (aquellas que han causado decenas de miles de muertos, verhttps://cepr.net/report/economic-sanctions-as-collective-punishment-the-case-of-venezuela/), e hizo eco de la amenaza de EEUU de que "todas las opciones [incluyendo las militares] están sobre la mesa", asustando de paso a algunos aliados.
En abril de 2019, Almagro logró finalmente que el caribe se dividiera y consiguió algo sin precedentes en la historia de la OEA: que un gobierno autoproclamado de Guaido y que no ejerce soberanía alguna pueda ocupar el lugar de un Estado soberano en el Consejo Permanente de la OEA.
Lógicamente, esta violación del derecho internacional siembra un precedente nefasto. Nunca antes un gobierno en las sombras, o en el exilio, o que no ejerce el poder en el territorio había sido reconocido como representante de un Estado ante el Consejo Permanente de la OEA.
En directa contraposición con su obsesión venezolana, Almagro no se interesó en los atropellos a la democracia y los DDHH en varios otros países. No le interesó el golpe a la democracia en Brasil, la cárcel de Lula, ni la persecución a los dirigentes progresistas de la región.
Almagro tampoco tuvo interés en denunciar los atropellos a los DDHH cometidos por varios gobiernos durante las protestas antineoliberales de 2019-2020 en Haití, Ecuador, Chile o Colombia. Ni criticó al presidente salvadoreño por haber mandado militares a tomarse el Congreso.
Almagro jugó un rol especialmente nefasto durante las jornadas del golpe de Estado de 2019 en Bolivia. Utilizando a la herramienta de la observación electoral (que la OEA había cultivado cuidadosamente para recobrar protagonismo), Almagro logró impulsar el relato del fraude.
Varios estudios (ver, por ejemplo, aquí: https://cepr.net/press-release/nuevo-estudio-del-cepr-muestra-que-la-oea-tergiverso-datos-y-evidencia-en-su-informe-final-de-auditoria-para-justificar-acusaciones-de-fraude-en-las-elecciones-bolivianas/) han evidenciado que la OEA nunca pudo demostrar una manipulación intencional de los resultados electorales en Bolivia en las elecciones presidenciales del 2019.
Pero Almagro y sus acólitos exprimieron la poca credibilidad que le quedaba a la OEA, utilizando la reputación técnica de su departamento insignia, el DECO (a cargo de la observación electoral), para justificar el cambio de régimen.
Almagro logró, finalmente, devolver a la OEA a la Guerra Fría. Es este fervor neo-macartista y el renovado monroísmo de EEUU en su recobrado "patio trasero" que Mike Pompeo celebraba, en su discurso de enero, al alabar el retorno "del espíritu de la OEA de los años 50s y 60s"
El problema es que la OEA de Almagro indignó a muchos actores políticos latinoamericanos y caribeños. Los progresistas pero también varios centristas, ávidos de diplomacia y multilateralismo, están preocupados con la beligerancia, polarización y exacerbación de los conflictos.
Lejos de "reinventarse" para ser más neutra e imparcial, la OEA volvió a sus instintos más reaccionarios. Por ello, cuando cambie de nuevo el signo político, los muchos indignados de nuestra región pensarán dos veces antes de otorgar un sitial protagónico a esta organización.
El unilateralismo de Almagro y Trump es, a la final, un error histórico. Ratifica la urgente necesidad de una mayor unidad e integración latinoamericana. Y pone en entredicho la relevancia de una OEA anacrónica, con sede en Washington, para el futuro de nuestra región
Por Guillaume Long

Consideramos que esta decisión atenta contra la posibilidad de seguir avanzando en el proyecto de integración y resistencia de los países de Latinoamérica y el Caribe con el resto de naciones del Sur Global, para enfrentar las políticas neocoloniales del imperialismo estadounidense y europeo, así como los riesgos que implica el accionar bélico e impune de la OTAN.
En este sentido, el veto de Brasil contra Venezuela supone la existencia de un alarmante mecanismo de presión creciente tanto de EE.UU y sus socios internacionales sobre el gobierno brasileño en funciones, dando muestras de la extrema fragilidad de ese gobierno ante las fuerzas conservadoras internas, obligándolo a hacer concesiones políticas a la derecha nacional e internacional.
Con el veto contra Venezuela la situación alcanza un punto de extrema gravedad, porque indica que el Gobierno de Brasil no sólo cede ante las presiones de Washington para excluir a Venezuela de una articulación internacional que la vincularía, de modo coordinado y programático, a una esfera de poder de fuerzas alternativas, determinadas a organizar y hacer posible un nuevo orden y equilibrio mundial, sino que demuestra su desacuerdo con el resto de potencias fundadoras de los BRICS con respecto a Venezuela.
Con esta posición hostil hacia Venezuela, Brasil va contra su propia declaración emitida en la videoconferencia para los BRICS de fecha 23/10/2024, donde se expresó que una de las prioridades sería el fortalecimiento del Sur Global. Ahora bien, vetar la inclusión en los BRICS del país que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo y un conjunto de políticas y programas coherentes que conforman la Revolución Bolivariana, contradice la posición de estar a favor del fortalecimiento del Sur Global.
El la misma declaración también se reivindica la instalación de políticas financieras que permitirán disminuir el peso del dólar en la economía mundial, así como su uso como arma financiera de guerra contra los países; siendo que Venezuela, víctima de las medidas coercitivas unilaterales (guerra económica) impuestas por el gobierno de EE.UU y sus aliados, se encuentra entre los países más afectados por esa modalidad de agresión. ¿Por qué entonces prohibir a Venezuela tener la oportunidad histórica de una coordinación con una política de enfrentamiento a los efectos dictatoriales financieros del unilateralismo?
La política exterior brasileña registra conflictos, discrepancias y diferencias con varios de los países del escenario internacional, incluso con algunos que están en el ámbito delos BRICS, lo que torna todavía más absurdo un veto selectivo contra Venezuela y también contra Nicaragua, otro país que también mereció de parte del gobierno brasileño, una acción persecutoria, con la expulsión de la embajadora sandinista de Brasilia, lo que genera conflictos adicionales con países que, en América Latina, llevan una resistencia heroica y coherente a las agresiones programadas por EE.UU.
Por todo lo anteriormente expuesto, hacemos un llamado al gobierno de Brasil a rectificar un curso de acción que solo beneficia al imperialismo norteamericano y sus asociados, y a no continuar sumándose a la campaña internacional de difamación y aislamiento en contra de la Venezuela Bolivariana.
Venezuela juega un papel fundamental en la integración del Sur Global y es un actor geopolítico de peso, que puede y debe jugar un rol destacado en la construcción de un nuevo mundo multipolar. Para este fin, su entrada a los BRICS constituye un paso fundamental.
Nuestra América, 26 de octubre de 2024.

Por Craig Mokhiber*. Resumen Medio Oriente, 27 de agosto de 2024.
La autorizada sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre la ocupación israelí deja claro que el boicot, la desinversión y las sanciones contra la ocupación, la colonización y el apartheid israelíes no son sólo un imperativo moral, sino también una obligación legal.
Israel y su lobby llevan años inmersos en una frenética actividad para blindar aún más a Israel de la rendición de cuentas, utilizando su influencia en Occidente para ilegalizar la oposición organizada a Israel. El principal de estos esfuerzos ha sido la campaña israelí para penalizar los llamados al boicot, la desinversión y las sanciones a Israel por sus graves violaciones de los derechos humanos. Como consecuencia de ello, en Estados Unidos y en el resto de Occidente están en vigor innumerables leyes y políticas que pisotean los principios constitucionales fundamentales y los derechos humanos garantizados internacionalmente en defensa de la impunidad israelí. Pero una Opinión Consultiva emitida el mes pasado por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) debería ayudar a cambiar esta situación.
En su histórica sentencia, la CIJ declaró que la ocupación israelí de Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza es totalmente ilegal, que Israel practica el apartheid y la segregación racial, y que todos los Estados tienen el deber de ayudar a poner fin a esta situación, incluso cortando todas las relaciones económicas, comerciales y de inversión con Israel en el territorio palestino ocupado. En otras palabras, para cumplir con el derecho internacional, todos los países están obligados a participar en un boicot económico a las actividades de Israel en el Territorio Palestino Ocupado y a desprenderse de cualquier relación económica existente allí.
Dado que el dictamen debía acotarse a los parámetros de la petición de la Asamblea General de la ONU que dio lugar a sus conclusiones, no abordó los deberes y obligaciones relativos a las actividades al oeste de la Línea Verde de 1948 (el territorio de Israel). Sin embargo, la declaración del máximo tribunal sobre las obligaciones ante el Derecho Internacional deja claro que quienes impulsan el BDS no sólo tienen autoridad moral para hacerlo, sino también un sólido fundamento en el Derecho Internacional.
La opinión consultiva emitida por la CIJ el 19 de julio se produce en el contexto del inicio de un procedimiento por genocidio contra Israel ante ese máximo tribunal en diciembre pasado, y de la solicitud de órdenes de detención emitida en mayo por el Fiscal de la Corte Penal Internacional contra el Primer Ministro israelí y el Ministro de Defensa por crímenes de lesa humanidad, incluido el exterminio. En conjunto, representan un giro histórico respecto a 76 años de excepcionalidad e impunidad israelíes patrocinadas por Occidente, y alimentan la esperanza de una nueva era de rendición de cuentas.
Consciente de ello, Israel, así como sus aliados occidentales acusados de complicidad en los crímenes internacionales israelíes (principalmente Estados Unidos, Reino Unido y Alemania) se han apresurado a oponerse, retrasar y obstruir la actuación de estos tribunales, interviniendo en los procedimientos judiciales y, en algunos casos, amenazando a los funcionarios de dichos tribunales. Y, de hecho, el proceso para emitir la orden de detención de la CPI ya se ha retrasado desmesuradamente en comparación con casos anteriores. No obstante, la opinión consultiva de la CIJ fue oportuna e inflexible en su aplicación del derecho internacional a Israel.
Israel y sus aliados también alegan en su defensa que las opiniones consultivas de la CIJ «no son vinculantes» y que, en efecto, el máximo tribunal no puede obligar a un Estado a cumplir sus dictámenes. Pero lo que esta táctica ignora es que las leyes a las que la CIJ hace referencia en su opinión consultiva son, de hecho, vinculantes para todos los Estados. Por ejemplo, la Corte observó que el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, sus derechos emanados del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los DD.HH., y la prohibición a Israel de adquirir territorio por la fuerza imponen las obligaciones denominadas «erga omnes», es decir, obligaciones vinculantes que se aplican a todos los países.
Entre estas obligaciones se encuentran la de no reconocer ni apoyar de ningún modo a la ocupación, y la de tomar medidas para hacer realidad la igualdad de derechos y la autodeterminación del pueblo palestino. De ello se deduce que cualquier política o acto de un país occidental que reconozca de alguna manera la ocupación de Israel, ayude a Israel en esa ocupación (económica, militar, diplomáticamente, etc.) o prohíba a las personas bajo su jurisdicción aplicar el derecho internacional a través del boicot o la desinversión de la ocupación ilegal de Israel, sería ilegal.
Por supuesto, es probable que Estados Unidos, que ha ignorado durante mucho tiempo las prohibiciones del derecho internacional y por décadas ha invertido esfuerzos en forjar la excepción para garantizar la impunidad israelí, rechace las conclusiones de la Corte y se oponga a la resolución de la Asamblea General de la ONU para implementarlas (que se espera le seguirá). Es posible que otros Estados occidentales comprometidos con el eje israelí, como el Reino Unido y Alemania, sigan su ejemplo. Pero es probable que la mayoría de los países, incluidos otros Estados occidentales, ajusten sus políticas para garantizar el cumplimiento de la legalidad internacional.
Los grupos y personas afectados por los esfuerzos para penalizar el BDS u obligar a la gente a rechazarlo dispondrán ahora de una nueva e importante herramienta en su arsenal jurídico a la hora de hacer valer sus derechos por vía administrativa o judicial. Ahora pueden invocar el autorizado dictamen del máximo tribunal mundial para afirmar con fundamento que participar en acciones de boicots, desinversiones y sanciones contra la ocupación, la colonización y el apartheid israelíes no sólo es un imperativo moral y un derecho constitucional y humano, sino también una obligación jurídica internacional.
Traducción: María Landi.
Fuente: Mondoweiss
El devastador informe elaborado por la organización israelí para los derechos humanos B’Tselem revela cómo Israel transformó rápidamente el centro penitenciario de Megiddo y otras once prisiones en una red de “centros de tortura”.
“Cuando bajamos del autobús, un soldado nos dijo: ‘Bienvenidos al infierno’”. Así se expresaba Fouad Hassan, un hombre originario de Naplusa, una ciudad situada en el norte de los territorios ocupados de Cisjordania, que estuvo recientemente detenido en la prisión israelí de Megiddo. Las palabras de Hassan, padre de cinco hijos y de 45 años de edad, encabezan un devastador informe elaborado por la organización israelí para los derechos humanos B’Tselem que revela cómo Israel transformó rápidamente el centro penitenciario de Megiddo y otras once prisiones en una red de “centros de tortura” tras el ataque que Hamás llevó a cabo en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.
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Por su parte, Firas Hassan, un funcionario de la Autoridad Palestina, de 50 años, describió la paliza que le propinaron los guardias penitenciarios y cómo se enteró de que la golpiza estaba siendo transmitida en vivo para que Ben-Gvir pudiera presenciarla:
“Éramos diez palestinos en la celda. Los guardias entraron y nos golpearon durante 50 minutos. Estaban enmascarados. Se reían mientras nos golpeaban y transmitían todo en directo. Entiendo hebreo y escuché que uno decía: ‘Estamos transmitiendo en vivo y en directo para Ben Gvir’.[…] Luego, después de atarnos las manos a la espalda y vendarnos los ojos, trajeron perros policía”.
Sarit Michaeli es coordinadora de incidencia internacional de B’Tselem. En conversación con Democracy Now!, Michaeli afirmó que Ben-Gvir no es el único responsable de los maltratos y torturas:
“No creo de ninguna manera que el ministro Ben-Gvir sea la única persona responsable [de los abusos]; el primer ministro [Benjamín] Netanyahu, que le ha conferido todo este poder [a Ben-Gvir], es el principal responsable y culpable. Estas son políticas. No son acciones cometidas por individuos descarriados. No son acciones cometidas por individuos que van contra la corriente. Son directrices establecidas por la dirección del sistema penitenciario israelí y por el Gobierno”.
El principal canal de noticias de la televisión israelí, el Canal 12, emitió un video que muestra cómo un grupo de soldados israelíes aparentemente violan en grupo a un prisionero y lo dejan con graves heridas en el recto y con las costillas rotas.
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, admitió haber visto el video y afirmó: “[…] Debe haber tolerancia cero al abuso sexual o violación de cualquier persona detenida, punto”. Sin embargo, no hay evidencia de que el Gobierno de Biden le haya enviado algún mensaje a Israel en relación con este asunto.
Michaeli sostiene que si Estados Unidos no ejerce ninguna presión al respecto, los maltratos y abusos que B’Tselem describe en su informe seguirán ocurriendo:
“No esperamos que ninguna investigación hecha por israelíes cambie de manera significativa la situación. […] Hacemos un llamado a todos los países y a las instituciones internacionales pertinentes para que investiguen la situación e intervengan. […] Específicamente, hacemos un llamado a la Corte Penal Internacional, porque estos delitos que enumeramos en nuestros informes son crímenes de guerra y podrían también alcanzar la magnitud de crímenes de lesa humanidad. La comunidad internacional, incluido el Gobierno de Estados Unidos, tiene el deber de actuar”.
El 5 de agosto, las Naciones Unidas emitieron una declaración que comienza con las siguientes palabras: “Los informes de presuntos actos de tortura y violencia sexual en la prisión israelí de Sde Teiman son manifiestamente ilegales y repugnantes, pero solo representan la punta del iceberg”.
Turquía ha solicitado unirse a la demanda por genocidio que Sudáfrica presentó contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, mientras que el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional está intentando impulsar una acusación formal contra Netanyahu y el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant.
El movimiento de solidaridad con el pueblo palestino está centrando su atención en la vicepresidenta de Estados Unidos y candidata presidencial del Partido Demócrata, Kamala Harris, quien decidió no presidir la reciente sesión conjunta del Congreso en la que Netanyahu se dirigió a los legisladores estadounidenses. El miércoles, un grupo de activistas interrumpió el discurso de la vicepresidenta en un mitin que se estaba llevando a cabo en el estado clave de Michigan. Los manifestantes corearon “¡Kamala, Kamala, no puedes esconderte! No votaremos a favor del genocidio”. Harris respondió: “¿Saben qué? Si quieren que gane Donald Trump, entonces díganlo; de lo contrario, estoy hablando yo”.
Mientras se anticipan movilizaciones de solidaridad con Palestina tanto dentro como fuera de la próxima Convención Nacional Demócrata, todas las miradas están puestas en la vicepresidenta Harris: los llamados a un alto el fuego en Gaza aún continúan.
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
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