a y Pensamiento Crítico

16 MIL PALABRAS, 100 TESTIMONIOS, 50 IMÁGENES PARA PALESTINA E ISRAEL

• Un mundo de sensaciones

14/04/2024PuroChamuyo Cuadernos de la Crisis

En esta guerra de bombardeos contra la población civil de la Franja de Gaza, y colateralmente, contra la que habita en Cisjordania, Israel ha desplegado su máximo poderío, demostrando el masivo apoyo militar y de inteligencia de los Estados Unidos y otras naciones de la OTAN, pero también de diversos países, vistos a priori como ‘árabes, enemigos de Israel’.

Esa ayuda del complejo militar-industrial occidental al gobierno de ultra-derecha hebreo para la aniquilación de los palestinos tuvo, en medio año, el manifiesto aval político y diplomático de toda la Unión Europea, un factor indispensable para sostener una agenda de ‘buenos y malos’, y su brazo civil más relevante, los medios de comunicación.

Como se dijo desde el principio, la incursión y masacre de Hamas del 7 de octubre de 2023 no puede justificar nada de lo que ocurrió en estos 180 días, porque en la base y antes de esos muertos y secuestrados hay un dato insoslayable: la Franja de Gaza está cercada por tierra, mar y aire, es decir, que es campo de concentración desde hace más de una década, con o sin, antes y después del hecho barbárico del 7 de octubre.

La escala de los ataques del ejército israelí a la población de Gaza superó en los primeros 100 días un Kilotón, equivalente a tres bombas atómicas, y en 180 días, más que todas las bombas que el ejército norteamericano arrojó en Vietnam.

La Corte Internacional de Justicia aceptó escuchar la demanda por genocidio iniciada por Sudáfrica, con apoyo de 70 países. Y Sudáfrica, de pleno derecho, país que conoció los guetos y al apartheid, argumentó con juristas de las más prestigiosas instituciones (incluso un ex juez de esa Corte Internacional) por qué acusa a Israel de genocidio. A diferencia de otras sentencias, en ésta, que fue favorable a Sudáfrica y reconoció que el estado sionista lleva a cabo acciones que habilitan un genocidio sobre la población palestina, los condenados no fueron algunos criminales o jerarcas sueltos, de tantas otras horrendas barbaries como la de la ex Yugoslavia. Es el propio Estado de Israel el condenado por genocidio. Y el Tribunal concedió al gobierno de Tel Aviv un plazo para que ‘cese’ toda acción conducente al genocidio, lo que no ocurrió, sino que se profundizó (ver link).

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Reuniones ‘urgentes’ del Consejo de Seguridad de la ONU no lograron en meses una Resolución que acercara la paz. Y la única que se logró votar es porque no fue ni rechazada ni vetada por Estados Unidos. El 18 de octubre el gobierno de Joe Biden vetó en la ONU una ‘pausa humanitaria’ cuando había 3.500 palestinos de Gaza asesinados; vetó otra el 8 de diciembre cuando los palestinos muertos en Gaza eran 17.000 y vetó otra cese del fuego en el Consejo de Seguridad, el 20 de febrero cuando los palestinos masacrados en Gaza eran 29.000. Y la Resolución que se votó en pos de un cese del fuego avanzó porque EE.UU se abstuvo. Pero tampoco fue respetada por Israel que continuó con los bombardeos.

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Rafah 18 marzo 2024 Foto Abed Rahim Khatib

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El 19 de febrero la Corte Internacional de Justicia de La Haya (ver link) inició las audiencias para determinar si los 57 años de ocupación de los territorios palestinos (desde 1967) y la supresión de los derechos humanos básicos constituyen, o no, apartheid. La demanda la presentaron 52 países., incluyendo China, Pakistán, Bolivia, Qatar, Kuwait, Sudáfrica, Turquía y Colombia. El primer ministro israelí desconoció al Tribunal.

No es prejuicioso ni antojadizo ni arbitrario afirmar que Israel no respeta a ningún tribunal internacional, ni respeta las Convenciones de guerra suscriptas por la comunidad internacional, ni respeta las Resoluciones de las Naciones Unidas. Y tampoco admite veedores internacionales. Y prohíbe que las diversas agencias de la ONU entreguen las miles de toneladas de alimentos, medicamentos y elementos básicos que hace meses están estacionados en la ruta que va de Egipto a la Franja de Gaza. Los permisos concedidos, en meses, equivalen a la cantidad de camiones que ingresaban en un día…

Está a la vista la decisión de eliminar por hambre, insalubridad, carencia de agua, combustibles, antisépticos y medicamentos a la población palestina. Eso es genocidio, incluso si dejaran de arrojar bombas, porque los 2.300.000 millones de habitantes de Gaza viven en un gueto del que nadie sale y al que nadie entra, y los ministros del gabinete israelí afirman que no hay nada que se llame ‘Palestina’ y que la Franja de Gaza les pertenece (ver link). Los pocos que salen, a partir de acuerdos triplemente revisados por Israel y Egipto, es por razones de salud extremas. Y algunos de los que salen, como en otras tantas fronteras del mundo, es porque pagan cientos o miles de euros a algún uniformado, como reporta la Deutsche Welle (ver link).

Juan Bautista Alberdi escribió un memorable manifiesto contra la Triple Alianza que destrozó el Paraguay. Lo llamó “El Crimen de la Guerra”.

Honrados, en la Revista Web de Cultura y Pensamiento Crítico www.purochamuyo.com / Cuadernos de Crisis, de ofrecer este extenso informe, que invitamos a leerlo, compartir y coleccionar.

Darío Bursztyn – Editor

LA VERDAD DE VENEZUELA PREVALECERÁ FRENTE AL DESPOJO TERRITORIAL RECUPERAREMOS EL ESEQUIBO

 República Bolivariana de Venezuela

Comunicado

1. La República Bolivariana de Venezuela informa la presentación, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), del documento contentivo de la verdad sólida y la posición oficial, en relación con las bases históricas y actuales de su derecho soberano sobre la Guayana Esequiba.
2. La entrega de este documento no implica el consentimiento de Venezuela ni el reconocimiento a la jurisdicción de la Corte en la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, ni de la decisión que pueda adoptar sobre este asunto.
3. En marzo de 2018 la República Bolivariana de Venezuela fue informada de uno de los eventos de mayor gravedad en la historia de la controversia sobre la Guayana Esequiba: la República Cooperativa de Guyana se había atrevido a irrumpir violentamente contra el Acuerdo de Ginebra y la legalidad internacional al demandar unilateralmente ante la Corte Internacional de Justicia la validez del fraudulento laudo arbitral de 1899 de forma irregular.
4. Venezuela, sin demora, se opuso a esa peligrosa jugada antijurídica de Guyana, impulsada por la Exxon Mobil desde el año 2015 y respaldada por el gobierno de los Estados Unidos de América, que scio tiene como propósito desconocer y burlar las obligaciones claramente establecidas para las partes en el Acuerdo de Ginebra de 1966. La desesperación de Guyana se había desbordado en su avaricia por robar las inmensas riquezas que pertenecen a Venezuela.
5. El 17 de febrero de 1966, Venezuela, el Reino Unido y la Guyana Británica, hoy República Cooperativa de Guyana, suscribieron el Acuerdo de Ginebra con el objeto de poner fin a la controversia territorial mediante un arreglo práctico, aceptable y satisfactorio para todas las partes. Este Acuerdo está en vigor y es el marco normativo que debe ser cumplido de buena fe por las partes, conforme al derecho internacional.
6. En efecto, desde que se concibió, negoció y firmó el Acuerdo de Ginebra, así como durante las labores de la Comisión Mixta, la vigencia del Protocolo de Puerto España y el proceso de buenos oficios, nunca estuvo sobre el horizonte resolver la cuestión jurídica sobre la validez del laudo, Siempre el objeto, naturaleza y razón ha sido resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, mediante la negociación política, pacifica y diplomática.
   República Bolivariana de Venezuela.
7. Venezuela, partiendo del despojo orquestado por el Reino Unido y ejecutado mediante el fraude arbitral de 1899, ha tenido una legitima y justificada desconfianza histórica con estos mecanismos, dado el poder decisivo que ejercen los imperios coloniales sobre estas instancias para imponer sus intereses y despojar a los pueblos. Solo el Acuerdo de Ginebra es el instrumento para resolver esta controversia.
8. Algunas actuaciones de la Corte Internacional de Justicia en el caso de la Guayana Esequiba han alimentado esta desconfianza, especialmente tomando en cuenta los intereses energéticos que están detrás de la demanda unilateral de la República Cooperativa de Guyana.
9. La más grave de ellas ha sido aceptar y dar trámite a la demanda de Guyana sin que Venezuela haya dado nunca su consentimiento a la jurisdicción de la Corte. Ninguna disposición del Acuerdo de Ginebra permite justificar dicha actuación. Además, Venezuela es uno de los 119 Estados que no reconoce la jurisdicción obligatoria de la Corte.
10. Llama poderosamente la atención que, desde el año 2015, Guyana, la Exxon Mobil y sus socios dan como un hecho cumplido una decisión de la Corte Internacional de Justicia a favor de su demanda unilateral
11. Las confesiones realizadas por el Sr. Raphael G Trotman, Ministro de Gobernación y de Recursos Naturales de Guyana durante el periodo 2015-2020, en su libro titulado “Del Destino a la Prosperidad”, hacen incontrovertible el auspicio y financiamiento de la Exxon Mobil de la acción unilateral de Guyana ante la CIJ para validar el espurio laudo de 1899.
12. También son innegables las presiones ejercidas por Guyana, con el apoyo de la diplomacia imperial de los Estados Unidos de América, sobre la Secretaría General de la ONU para que la controversia fuera remitida a la Corte Internacional de Justicia, abandonando la obligación y la práctica de más de 60 años para la consecución de una solución práctica y satisfactoria para ambas partes, que es el objeto verdadero del Acuerdo de Ginebra. Nunca estuvo pensado cuando se firmó dicho acuerdo volver a examinar el laudo fraudulento de 1899. Fue un asunto superado.
13. Otro elemento que desacredita a esta instancia, ha sido la actuación complaciente de la Corte Internacional de Justicia frente al genocidio en marcha en Gaza, sin exigir al gobierno de Israel un cese al fuego inmediato y beneficiando a los poderes coloniales. Trágicamente, son los mismos hegemones que hoy instrumentalizan a la Corte para apropiarse de los vastos recursos energéticos de nuestro territorio y desestabilizar América Latina y el Caribe.
14. La República Bolivariana de Venezuela presentó su sólida verdad histórica, frente a la pretensión de confiscación de los derechos que desde su nacimiento le corresponden sobre el territorio de la Guayana Esequiba, en cumplimiento del mandato muy claro del pueblo venezolano emanado del referéndum del 3 de diciembre de 2023 y los lineamientos expresos del Jefe de Estado.
15. Venezuela jamás se dejará extorsionar por un gobierno servil a los más oscuros intereses foráneos. El único camino posible para la solución de la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba es el regreso de Guyana a la mesa de negociación para hacer efectivo el arreglo práctico, aceptable y satisfactorio para ambas partes, al que se comprometieron en el Acuerdo de Ginebra, único instrumento obligante y valido entre las partes para resolver esta controversia.
16. Guyana, bajo un falso victimismo, se hace acompañar de su jefe colonial, el Reino Unido, y la maquinaria de guerra más sangrienta que ha conocido la humanidad, los Estados Unidos de América. Hoy Guyana, el Comando Sur y la CIA, junto a sus socios del norte global, preparan una agresión contra Venezuela, constituyendo una verdadera amenaza a la paz y estabilidad de América Latina y el Caribe.
17. La República Bolivariana de Venezuela ratifica su compromiso pleno con los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, incluyendo su absoluto e irrenunciable apego al Acuerdo de Ginebra.
18. Venezuela toda, en unión nacional, hará valer sus derechos históricas impostergables como valientes hijos e hijas de nuestro Libertador Simón Bolívar. Es la hora de la verdad.

¡El Sol de Venezuela nace en el Esequibo!

Caracas, 8 de abril de 2024

Resolución 2728 del Consejo de Seguridad exigiendo un alto al fuego humanitario en Gaza

  NUEVA YORK (EE.UU.) | 2 DE ABRIL DE 2024

La representante permanente de Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, finge ver por primera vez el texto de la resolución adoptada.

El Consejo de Seguridad,

Guiado por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas,

Recordando todas sus resoluciones pertinentes sobre la situación en Oriente Medio, incluida la cuestión palestina,

Reiterando su exigencia de que todas las partes cumplan las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, y deplorando a este respecto todos los ataques contra civiles y bienes de carácter civil, así como todos los actos de violencia y las hostilidades contra civiles y todos los actos de terrorismo, y recordando que la toma de rehenes está prohibida por el derecho internacional,

Expresando profunda preocupación por la catastrófica situación humanitaria de la Franja de Gaza,

Reconociendo las gestiones diplomáticas que están realizando Egipto, Estados Unidos y Qatar con el fin de lograr un cese de las hostilidades, liberar a los rehenes y aumentar la prestación y la distribución de ayuda humanitaria,

1. Exige un alto al fuego inmediato para el mes de ramadán respetado por todas las partes que conduzca a un alto al fuego sostenible duradero, y exige también la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes y que se garantice el acceso humanitario para atender sus necesidades médicas y otras necesidades humanitarias, y exige además que las partes cumplan sus obligaciones en virtud del derecho internacional en relación con todas las personas que detengan;

2. Pone de relieve la urgente necesidad de ampliar el flujo de asistencia humanitaria a los civiles de toda la Franja de Gaza y reforzar su protección, y reitera su exigencia de que se eliminen todos los obstáculos que dificultan la prestación de asistencia humanitaria a gran escala, con arreglo al derecho internacional humanitario y las resoluciones 2712 (2023) y 2720 (2023);

3. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

POR EL RESPETO AL PUEBLO VENEZOLANO Y A SU PROCESO DEMOCRÁTICO

 PRONUNCIAMIENTO DE LA RED DE INTELECTUALES, ARTISTAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES POR EL RESPETO AL PUEBLO VENEZOLANO Y A SU PROCESO DEMOCRÁTICO

Este año habrá elecciones presidenciales en Venezuela y se han inscrito en el Consejo Nacional Electoral trece candidatos, de ellos doce provienen de diversos partidos de derecha y extrema derecha, entre ellos varios personajes emblemáticos de la oposición. Solo el candidato Nicolás Maduro, del Partido Socialista Unido de Venezuela -PSUV- y del Gran Polo Patriótico, representa a la tendencia socialista.

Para transparentar la idoneidad de esta fase electoral, la inscripción de las candidaturas fue difundida en vivo por medios nacionales e internacionales. No obstante, sin el menor recato por la injerencia en la política interna venezolana, actores políticos de terceros países hanformulado impugnaciones públicas, aduciendo la exclusión de una candidata, cuyo sector político optó por estar representado por uno de sus más reconocidos dirigentes, mientras ella está inhabilitada por corrupción.

Se evidencia igualmente en medios internacionales una virulenta campaña que busca deslegitimar esa convocatoria electoral, unas veces con lugares comunes contra el progresismo y la izquierda, otras directamente con sustentos afines a acciones antidemocráticas y de injerencia externa, que incluyen actos de sedición e incluso intentos de magnicidio, que en todas partes del mundo se conocen como atentados a la democracia.

En ese contexto, la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad expresa la más profunda solidaridad con el pueblo de Venezuela y con su proceso electoral democrático, que avanza en uno de los sistemas electorales más avanzados del mundo, reconocido así por su alto nivel de control político y tecnológico.

Hacemos un llamado a todas las fuerzas democráticas a defender los derechos políticos del pueblo venezolano y del candidato Nicolás Maduro, cuya candidatura no sólo proviene de una de las mayores fuerzas organizativas de la región latinoamericana y del Caribe, sino que fue avalada con las firmas de más de cuatro millones y medio de simpatizantes, militantes y dirigentes de base, que realizaron asambleas consecutivas en docientos sesenta y nueve mil calles, cincuenta mil comunidades y catorce mil centros electorales, en todo el territorio nacional.

Convocamos a todas las inciativas comunicacionales democráticas a transparentar la realidad de Venezuela, informando con hechos y sin sectarismos, pues la desinformación no sólo confunde a la opinión pública internacional con tergiversaciones, sino que socava el derecho humano universal al ejercicio de la libertad de pensamiento, lo que conduce al avance de riesgosas prácticas autoritarias en la región.

Llamamos al respeto hacia el pueblo venezolano y a la defensa de su proceso democrático!

Patria Grande, 3 de abril de 2024

LA RED DE INTELECTUALES, ARTISTAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES EN DEFENSA DE LA HUMANIDAD, CAPÍTULO VENEZUELA, SOBRE EXPRESIONES DEL PRESIDENTE DE URUGUAY

 

La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, capítulo Venezuela, señala:

-Que las declaraciones de Jefes de Estado con relación a otros países deben estar caracterizadas por la mayor sensatez, respeto  y prudencia, tanto porque por su carácter oficial podrían ser consideradas intentos de injerencia, como porque pueden ser e indefectiblemente serán utilizadas por potencias imperiales como pretexto para acciones intervencionistas de mayor envergadura contra la totalidad de la población.

-En tal sentido, las expresiones del Presidente de la República de Uruguay, Luis Lacalle Pou, en el sentido de que «Rompe los ojos que en Venezuela hay una dictadura; no hay elecciones libres.  (…) El que no lo quiere decir, por algo es. Porque si ladra, tiene cuatro patas y muerde la cola…» constituyen una clara extralimitación de sus funciones, ya que no son atribuciones constitucionales del Primer Magistrado del hermano país  calificar la legitimidad de otros gobiernos,  ni la de sus sistemas electorales que, por otra parte, en el caso de Venezuela consta que en las últimas décadas ha certificado decisivos triunfos de la oposición que ninguna maquinaria sesgada hubiera reconocido.

-Por ello, la afirmación de la vicepresidenta Delcy Rodríguez de que «tiene cara de lacayo, se dobla y mueve la cola cuando sus amos del norte le dan órdenes. Que alguien me niegue que es Lacalle Pou?” no puede ser interpretada más  que como expresión de legítima defensa que devuelve exactamente con sus mismos términos la no provocada agresión  del Presidente uruguayo.

-Merecen asimismo comentarios las expresiones del ex Presidente de dicho país José Mujica en el sentido de que “Venezuela tiene un Gobierno autoritario que se pasa para el otro lado”,  de que “El de Venezuela es un Gobierno autoritario, se lo puede llamar dictador... llámenlo como quieran”, y de que  “No se puede hablar de los presidentes de América así. No se debe hablar, hasta por conveniencia y relaciones diplomáticas”. No se puede en efecto “hablar de los presidentes de América así”, cuando éstos acatan las reglas del respeto, el decoro, la buena educación  y  la legalidad e igualdad entre naciones. Cuando no lo hacen, se rebajan a sí mismos a ser interpelados en los mismos términos que utilizan.

-José Mujica ha experimentado en carne propia lo que es un gobierno autoritario, y en el fondo de su conciencia  sabe que tales gobiernos, a diferencia del venezolano,  ni surgen de la voluntaria adhesión de las mayorías, ni garantizan el funcionamiento de la oposición democrática, ni permiten la libertad de expresión, ni aceptan los resultados electorales adversos, como sí lo hace el  venezolano a pesar de sufrir desde hace más de dos décadas la brutal, inhumana, ininterrumpida, multiforme  e ilegítima agresión comunicacional, diplomática, económica y armada de la mayor potencia imperialista del planeta.

-No nos imaginamos a José Mujica alineado con tal agresor, pero si así fuere, lo lamentaríamos profundamente más por él que por nosotros

Martes, 2 de abril de 2024.

CIADI: A PROPÓSITO DE LA RECIENTE DENUNCIA POR PARTE DE HONDURAS DE LA CONVENCIÓN DE WASHINGTON DE 1965

 viernes, 22 de marzo de 2024

por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho,Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto : nboeglin@gmail.com.

En días recientes, el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Estado e Inversionista Extranjero (CIADI, también conocido por sus siglas en inglés de ICSID o CIRDI en francés), informó que desde el 24 de febrero, Honduras ha procedido a notificar su intención de retirarse de la Convención de Washington que creó el CIADI de 1965: véase al respecto el comunicado oficial del CIADI. Esta denuncia surtirá efectos plenos jurídicos 6 meses después de notificada, a  partir del 25 de agosto del 2024. 

Cabe recordar que Honduras había ratificado dicha convención en 1989, precedida por El Salvador (1984) en Centroamérica. Una ratificación que fue seguida por la de Costa Rica (1993), Nicaragua (1995), Panamá (1996) y Guatemala (2003): para una convención adoptada en 1965 bajo los auspicios del Banco Mundial, el extremadamente lento proceso de ratificación observado en América Latina evidencia los temores fundados de muchos decisores políticos.

La experiencia de otros Estados que han denunciado la Convención de 1965 indica que es menester también proceder a la terminación o renegociación de claúsulas insertadas en otros instrumentos a los que Honduras es parte: ello con la finalidad de poder librarse en el fuuro de demandas de inversionistas extranjeros. Se trata de una tarea que probablmente ya esté planeando las autoridades hondureñas.

La denuncia de un tratado en breve

Como bien se sabe, la denuncia de un tratado es la figura jurídica, consagrada en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969 (véase texto), mediante la cual un Estado puede liberarse de obligaciones internacionales contenidas en un tratado internacional cuando considera que ya no resulta beneficioso seguir sometido al régimen que le impone (véase el Artículo 56 de la Convención de 1969). El Artículo 56 no exige al Estado fundamentar las razones de su denuncia, tratándose de una decisión soberana que cada Estado puede tomar.

Habíamos tenido la oportunidad de analizar en su momento la denuncia de esta misma convención por parte de Venezuela en el 2012, antecedida por Ecuador (julio del 2009) y Bolivia (mayo del 2007): véase nuestra nota publicada en Bretton Woods Project titulada "ICSID and Latin America: Criticism, withdrawal and the search for alternatives". 

La desconfianza que genera el CIADI in crescendo

El CIADI ha despertado muchas reservas en diversos círculos en América Latina pero también en otras latitudes, ante la falta de transparencia en sus procedimientos, el perfil de sus árbitros (muchas veces poco familiarizados con álgidos temas legales como la protección del ambiente, el derecho al agua y los derechos de las poblaciones indígenas, el derecho administrativo y constitucional), así como los montos millonarios desproporcionales a los que se ha condenado a Estados en algunos casos, por demandas claramente abusivas de un inversionista extranjero. 

A la Convención del CIADI como tal hay que añadir los más de 3000 TBIs (tratados bilaterales de protección y promoción de inversiones) adoptados de manera entusiasta en los años 1990-2000, y que permiten a un inversionista extranjero contar con una base legal para demandar a un Estado ante el CIADI o ante otra instancia; así como la gran cantidad de TLCs (tratados de libre comercio) con cláusulas muy similares muy favorables a un inversionsita extranjero.  

A modo de ejemplo, entre muchos, en esta nota del 2013 se informa de la terminación por parte de Sudáfrica de su TBI con España (véase nota) y en esta otra nota del 2014, la terminación de varios TBI por parte de Indonesia. En el 2023, fue Albania la que amenazó con retirarse del CIADI a raiz de una decisión desfavorable (véase nota de prensa).

En un reciente comunicado de prensa desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas del mes de cotubre del 2023 (véase texto), se leyó que:

"Foreign investors use the dispute settlement process to seek exorbitant compensation from States that strengthen environmental protection, with the fossil fuel and mining industries already winning over $100 billion in awards,” the expert said. “Such cases create regulatory chill.”

Al tratarse de un comunicado de prensa difundido desde la sede en Europa de Naciones Unidas que fue muy pocamente referenciado en medios de prensa internacionales, nos permitimos reproducir otra cita, no sin recomendar su lectura completa:

"As ISDS arbitration tribunals routinely prioritise foreign investment and corporate interests above environmental and human rights considerations, ISDS claims have devastating consequences for a wide range of human rights, exacerbating the disproportionate harms suffered by vulnerable and marginalised populations,” the expert said".

El informe integral del Relator de Naciones Unidas sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible está disponible en este enlace. En idioma español, su informe A/78/168 del 13 de julio del 2023 titulado "Pagar a los contaminadores: las catastróficas consecuencias de la solución de controversias entre inversionistas y Estados para la acción climática y ambiental y los derechos humanos" se puede consultar en este enlace.

El regreso intempestivo de Ecuador al CIADI en el 2021

Con relación a Ecuador, como indicado anteriormente, denunció la Convención de Washington en julio del 2009 después de Bolivia (mayo del 2007). No obstante, las actuales autoridades ecuatorianas, electas en febrero del 2021, decidieron volver precipitadamente a firmar y a depositar el instrumento de ratificación de la Convención de 1965. 

La precipitación es notoria: la toma de posesión de las nuevas autoridades se efectuó el 26 de mayo del 2021 y fue seguida de la firma de la Convención de 1965, el 21 de junio, y el depósito del instrumento de ratificación fue realizado el 4 de agosto del 2021 (véase estado oficial de la firma y ratificación). Nótese que la Corte Constitucional decidió, en un dictamen del 30 de junio del 2021 (véase texto), que la aprobación legislativa no era necesaria en el caso de este convenio. 

Se trata de la ratificación más expedita de esta Convención por parte de nuevas autoridades electas de un Estado jamás registrada en la historia del CIADI. Como es previsible, a finales de diciembre del 2021, se leyó en Chile que una corporación minera chilena inició los trámites ante el CIADI para demandar a Ecuador, utilizando para ello como base de competencia el tratado bilateral de inversiones (TBI) vigente entre Chile y Ecuador (véase nota de prensa de La Tercera del 24/12/2021). Esta demanda se registró oficialmente en el CIADI el 26 de enero del 2022 (véase enlace oficial del CIADI). Se trata posiblemente de la demanda más inmediata después de la ratificación por parte de un Estado de la Convención de 1965 jamás registrada y que explica, en gran parte, la extraña premura antes señalada de las actuales autoridades de Ecuador.

Encontramos una interesante referencia a la decisión de Honduras y al referendum previsto este próximo 21 de abril en Ecuador en este reciente artículo publicado en La Jornada (México) por parte de un especialista en la materia y titulado "México: ¿seguir a Honduras o a Ecuador?": se trata de una interrogante que se puede plantear en otras latitudes del continente americano.

Costa Rica y el CIADI

En el caso de Costa Rica, luego de haber sido objeto del primer laudo arbitral contra un Estado de América Latina (véase laudo del CIADI en el caso de la Hacienda Santa Elena de febrero del 2000, condenando a Costa Rica  a pagar una indemnización de 16 millones de US$ a dos norteamerincos propietarios de un terreno obtenido en los años 70 por la módica suma de 395.000 dólares), persiste una gran incertidumbre: se trata de la solicitud de anulación parcial del laudo arbitral del CIADI del 4 de junio del 2021- véase texto en español y en inglés - presentada por la empresa minera canadiense Infinito Gold contra Costa Rica. Para conocer mayores detalles de esta larga batalla legal llevada a cabo con éxito por un pequeño grupo de valientes abogados y ecologistas costarricenses en el 2011 contra su propio Estado, el cual fue demandado luego ante el CIADI por la empresa minera, remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra nota al respecto de enero del 2022, también publicada en el portal de la Universidad de Costa Rica (UCR). 

Como bien se sabe - pero se difunde muy poco en Costa Rica-, las autoridades de Costa Rica firmaron la Convención de Washington de 1965 , el instrumento que crea el CIADI  tan solo en 1981. Firmada en 1981, Costa Rica optó por ratificar esta convención 12 años después, en 1993, a raíz de fuertes presiones norteamericanas para que así lo hiciera. En una tesis presentada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) en el año 2014 (véase textocompleto) se puede leer al respecto que: 

"Dicha ratificación tardía coincidió con parte de la presión económica ejercida por el Banco Mundial, influenciado por los Estados Unidos sobre el país. En 1990, se solicitó el retiro de todas las preferencias comerciales que significaban un perjuicio económico al país a gran escala, y de igual manera se realizaron intentos por privar un potencial financiamiento de alrededor de 175 millones de dólares, debido a la invocación de una disposición norteamericana denominada “Helms Ammendment” que establece que no podrá otorgarse ayuda financiera a través de instituciones norteamericanas, o instituciones internacionales que requieran de la aprobación de dicho país para otorgar préstamos a aquellos países que perjudiquen los intereses de una persona física o jurídica norteamericana, de manera que se le haya expropiado propiedad /.../ Las formas de presión antes citadas coinciden con el largo tiempo que transcurrió antes de que Costa Rica accediera a firmar el convenio de arras, sometiendo su primer caso Santa Elena en la sede del CIADI tal y como se verá en el próximo apartado." (pp. 100-101). 

América Latina ante el CIADI en números

Al momento de redactar estas líneas (22 de marzo del 2024), en América Latina se registran con mayor cantidad de demandas pendientes de resolver ante el CIADI, México (22 demandas pendientes de resolver), Perú (21 casos pendientes), Venezuela (17), Colombia (14 casos pendientes), siguen luego Honduras (10), Argentina y Panamá (7), Costa Rica (3) y Chile y República Dominicana (2), al tiempo que Ecuador, El Salvador y Nicaragua solamente registran una demanda y Bolivia, Paraguay y Uruguay ninguna.

Al nunca haber ratificado la Convención de Washington de 1965, ninguna acción se registra ante el CIADI con relación a dos Estados de América Latina que reciben flujos de inversión extranjera: Brasil y Cuba. Cabe también señalar que México, que había mantenido una distancia prudente con el CIADI, tan solo ratificó este instrumento international en julio del 2018 (véase comunicado oficial del CIADI), al tiempo que Canadá lo hizo tan solo en diciembre del 2006 (véase comunicado).

https://derechointernacionalcr.blogspot.com/2024/03/ciadi-honduras-denuncia-la-convencion.html

BOLETÍN NO. 5 DE LA INTERNACIONAL PROGRESISTA: GENOCIDIO DE LOS HERMANOS PALESTINOS.

DECIR EN VOZ ALTA LO QUE SE DEBE CALLAR

Lxs palestinxs saben desde hace casi un siglo lo que el Estado israelí quiere hacer con ellxs: negarles sus derechos, expulsarles de sus tierras y tratarles como un problema de seguridad, no como un pueblo. El Estado israelí ha contado con el pleno respaldo de las élites occidentales, que ayudaron a construir dos mitos: que la resistencia palestina es "terrorismo" y que la ocupación israelí es "democracia".

Lxs líderes y lideresas israelíes ayudaron a sus patrocinadores occidentales envolviendo sus crímenes en un lenguaje formal que evitaba decir en voz alta lo que se debe callar. Si se observaba lo que Israel estaba haciendo, se podía ver que la anexión era el objetivo y el apartheid y la limpieza étnica el método. Pero prevalecieron las negaciones retóricas. Israel insistía en que no estaba haciendo lo que a todas luces estaba haciendo. Y en Occidente, los susurros del colonizador suenan más fuerte que los gritos angustiados de lxs colonizadxs.

La actual campaña genocida contra lxs palestinxs de Gaza ha despojado a las élites occidentales de la excusa de que Israel no dice en voz alta lo que se debe callar. Lxs más altxs funcionarixs de Israel —el Presidente, el Primer Ministro, el Ministro de Defensa, el Ministro de Finanzas, el Ministro de Seguridad Nacional, etc.— han estado hablando con una intención genocida clara, abierta y desvergonzada. Los susurros del colonizador se han convertido en gritos.

El viernes pasado, la jueza Joan Donoghue, al leer el fallo provisional de la Corte Internacional de Justicia en su calidad de presidenta de la Corte, citó algunas de estas palabras genocidas. Seguramente su voz, procedente de la boca de una antigua funcionaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos, sería escuchada tanto por el puñado de Estados occidentales que respaldan a Israel como por el propio Israel. ¿Seguramente alterarían sus acciones para enmascarar su culpabilidad y complicidad?

Pero no. Más bien, todo lo contrario.

El domingo, sólo dos días después de la sentencia de la CIJ, 12 ministrxs del gobierno israelí participaron en una conferencia para el asentamiento de Gaza. O, en otras palabras, una conferencia explícitamente dirigida a la limpieza étnica de lxs palestinxs de Gaza. Lxs delegadxs debatieron la posibilidad de obligar a lxs palestinxs a abandonar permanentemente la franja y sustituirlos por colonxs israelíes. Lxs ministros del gobierno pronunciaron discursos y bailaron con sus compañerxs fascistas asistentes. Lo que deben callar, lo dicen en voz alta.

Un día antes, justo un día después del fallo de la CIJ, en el que el mundo se enteró del terrible desastre humanitario de Gaza, con prácticamente toda la población desplazada y dependiente de la ayuda para evitar el hambre y la muerte, los Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido retiraron la financiación a la UNRWA, la agencia de la ONU que proporciona esa ayuda a lxs palestinxs.

Israel y los Estados Unidos aplicaron una estrategia de comunicación clásica —y eficaz— consistente en cambiar de tema cuando las noticias de actualidad son malas para uno. El más alto tribunal del mundo afirmando la condición de pueblo palestino y la plausibilidad de que Israel cometiera un genocidio contra él no era el ciclo de noticias en el que los Estados Unidos e Israel querían verse atrapados.

Y así, los Estados Unidos hicieron suya la vieja patraña de Israel contra la UNRWA, expresada por su embajador ante la ONU durante este conflicto, de que la agencia de la ONU es en realidad una fachada de Hamás. Esta absurda posición es la línea que Israel mantiene desde hace tiempo: todo lo que no le gusta y todo lo que bombardea es "Khamas".

Pero los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y otros países que han participado en la estrategia de atacar la UNRWA para "hacer avanzar la historia", no se limitan a apoyar a Israel. Están participando activamente en el castigo colectivo de la población de Gaza. Los Estados Unidos y el Reino Unido han pasado de la complicidad con la campaña genocida de Israel a la culpabilidad absoluta.

Puede que la CIJ haya hablado en nombre del mundo cuando afirmó la verosimilitud del genocidio de Israel contra los palestinos. Pero enfrentarse al poder por sí solo no puede desmantelar la maquinaria de guerra israelí ni la política imperial de los Estados Unidos en Asia Occidental. No hay atajos para la descolonización.

Incluso, el hecho de que la audiencia de la CIJ siquiera tuviera lugar es una prueba de que el equilibrio material de fuerzas está cambiando. Están surgiendo nuevas vías para que lxs oprimidxs se enfrenten a sus opresores e inviertan las narrativas del "terrorismo" y la "democracia": Al intentar afirmar su igualdad sustantiva frente a quienes pretenden borrarles, la resistencia persigue un ideal claramente democrático frente al terror implacable del colonizador.

Por eso millones de personas de todo el mundo trabajan en solidaridad activa con el pueblo palestino: para enfrentarse al poder con el poder. Juntxs, estamos entorpeciendo la máquina de guerra genocida de Israel, bloqueando los bancos que financian el genocidio, organizándonos contra las empresas tecnológicas que facilitan el genocidio, interrumpiendo las rutas comerciales que alimentan el genocidio, marchando por millones contra el genocidio y uniendo a la gran mayoría de las naciones de la tierra para afirmar su oposición al genocidio y al imperialismo.

Adelante, adelante hasta la victoria.

En solidaridad,

El Secretariado de la Internacional Progresista